El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical realizó un análisis político tras cumplirse el primer mes de su gestión y estableció objetivos y prioridades para los legisladores provinciales radicales.
En ese sentido, el órgano que preside Jorge D’Agostino instruyó al bloque de diputados para que gestione el tratamiento de los siguientes temas: activación de la comisión de estudios de la reforma política, implementación de la boleta única, derogación de la ley provincial de internas abiertas, reforma de la ley de partidos políticos, implementación del Fondo Partidario Permanente, nuevo sistema de designación de jueces suplentes y reglamentación por ley de las pautas de publicidad oficial.
Además, se informó que el Comité asumió posicionamientos públicos sobre temas de interés como la administración de la Caja de Jubilaciones, el reclamo de excelencia en la formación de los agentes de la Policía, y el rechazo a la reglamentación de las asambleas docentes y del fracking como método de extracción de gas en la provincia.
Diagnóstico
En ese marco, el Comité destacó que “es imperioso activar los controles sociales” y por eso ratificó la necesidad de lograr “un partido fuertemente cohesionado, que trabaje sobre una agenda de temas y prioridades a nivel local, departamental y provincial”.
Remarcó luego que “la acción, junto a las organizaciones sociales interesadas en estos temas, debe darse en todos los flancos y todos los días entre todas las autoridades, legislativas, municipales y partidarias”.
Más adelante, el radicalismo entrerriano mecionó que “el justicialismo, en su versión kirchnerista, lleva 10 años en el gobierno provincial con altos índices de endeudamiento, déficit fiscal, deterioro de la educación, la salud y la seguridad pública, yerros descomunales en la estrategia de desarrollo” y mencionó como ejemplo “el bochorno de los millonarios subsidios a la falsa fábrica de cosechadoras de Concepción del Uruguay”.
Las autoridades partidarias subrayaron que “el gobierno provincial carece de rumbo y no consigue detener la crisis económica a la que se le añade una grave crisis social, que se expresa en la inseguridad, manipulados saqueos a supermercados y una degradación republicana que afecta a la legitimidad de las instituciones democráticas”.
Se aprobaron también los programas de acción política respecto a la cuestión del sostenimiento económico, el programa comunicacional, el de la relación con las entidades gremiales, la constitución de Foros de Vocales y Concejales en cada departamento y el funcionamiento coordinado con el Instituto de Capacitación.
