Jorge Lacoste asumirá procesado su banca como diputado nacional.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná rechazó el sobreseimiento del actual intendente de Sauce de Luna en una causa donde se investiga el manejo irregular de planes sociales en el municipio entre 2002 y 2004.
La historia se remonta a quince años atrás. En plena crisis política, social y económica, el Gobierno nacional lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar, por el cual se les otorgaban 150 pesos mensuales a los jefes y jefas de familia que estuvieran desocupados.
Para entonces Lacoste ya era intendente de Sauce de Luna y lo que ocurrió es una de tantas irregularidades detectadas en distintas ciudades argentinas: una mujer consignó datos falsos en la solicitud de inscripción para ser beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar, omitiendo señalar que su esposo era en ese momento empleado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Así, la mujer percibió indebidamente el plan social entre julio de 2002 y marzo 2004.
El dirigente radical está acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a una administración pública por no haber controlado la asignación y seguimiento del programa nacional.
Su abogado pidió el sobreseimiento alegando la violación al debido proceso por “la excesiva prolongación que ha tenido la causa”, lo que impide a Lacoste obtener sentencia en un plazo razonable. Razón no le falta al defensor oficial Mario Franchi: la causa se inició el 14 de mayo de 2004, se elevó a juicio el 30 de noviembre de 2007 y dos veces se fijó fecha para el debate oral y público, en junio de 2009 y octubre de 2014, pero se suspendió en ambas ocasiones. La demora se debe a la ajetreada agenda del tribunal y que lleva a los jueces a priorizar aquellas causas que tienen imputados detenidos.
Pero el juez Roberto López Arango rechazó el sobreseimiento. Dijo el magistrado que Lacoste habría cometido el delito que se le achaca mientras ejercía un cargo público que aún hoy conserva, y esa situación interrumpe los plazos de prescripción. Explicó que la razón que tiene esta cláusula es la de evitar que el imputado en funciones pueda utilizar la influencia de su cargo para obstaculizar o impedir el ejercicio de una causa en su contra, por lo que correspondía continuar con el proceso.
La mujer que percibió indebidamente el plan social, en cambio, sí fue sobreseída. Se decretó la extinción de la pretensión punitiva. Actualmente trabaja como ordenanza en el Área de Cultura de la Municipalidad de Sauce de Luna.
