En la reforma que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio el cálculo del haber inicial va a seguir siendo del 82% sobre el salario bruto (no sobre lo que se cobra de bolsillo). Pero ampliando la historia laboral sobre la que se calcula. Ya no de los últimos 10 años, sino de los últimos 30. Al menos ese es el número que propondría el proyecto y que podría ser uno de los cambios negociables.

Junto con esto, la movilidad –es decir, el acompañamiento del haber jubilatorio a los aumentos que recibe el activo- ya no se aplicará por “espejo” con las mejoras que consiga el activo en sus paritarias especiales (por cada uno de los 84 escalafones fuera del general), sino a través de un índice, como ocurre en todas las provincias y en la Nación.

El principio que intenta imponer la reforma es que el jubilado debe cobrar en relación a lo que aportó mientras estuvo en actividad. El índice –cuya composición todavía no está definida– va a reflejar el acompañamiento del sueldo del jubilado al del activo, pero se cortan los  “enganches” que trasladan las mejoras de los activos de cada escalafón.

Afirman que esos enganches sectoriales agregan al sistema cinco puntos de déficit todos los años.

Se trata de distorsiones que no se registran en los escalafones «esenciales»: la Administración Central, Educación, Seguridad y Salud. Para el gobierno, estos cuatro escalafones pueden tomarse como referencia de movilidad proporcional.

El Estado entrerriano está muy descentralizado. De un total de 98 escalafones, 84 resuelven sus paritarias por fuera de la administración central:

Es en esos 84 escalafones donde se registra la movilidad “espejo”:

Lo que pretende la reforma es suprimir el espejo, para que la movilidad se defina por la paritaria y la aplicación de un índice que elimine los enganches sectoriales en estos 84 escalafones.

 

Un caso

En el gobierno ponen el ejemplo de un caso del IOSPER, que en 2023 recupera –con cinco años de retroactividad- una resolución del año 2010 para la aplicación de un adicional que había sido cajoneado.

Ese año electoral, los activos empezaron a cobrarlo. Con el cambio de gestión a fines de 2023, llovieron sobre la Caja los amparos de jubilados del Iosper para percibir ese adicional.

Este último cuadro ejemplifica el impacto de ese adicional en el caso de un jubilado de la misma categoría que el activo.

En febrero de 2024, todavía no se había trasladado el aumento al pasivo. Se lo fue haciendo en los meses siguientes, hasta llegar a enero de 2025 con el activo cobrando (por paritaria que le había aumentado el sueldo un 45%) 3,7 millones, mientras el pasivo, con el traslado de la paritaria más este adicional, pasó a cobrar 3,3 millones.

El jubilado subió 118 % en un año, es decir que hubo un 73% de distorsión por el traslado del adicional en la jubilación de esa persona, que no aportó por ese adicional. Esto fue sólo por el traslado del adicional. Aparte, por complementaria, el jubilado cobró el retroactivo de cinco años.

En el gobierno afirman que casos como estos se pueden encontrar en cada escalafón descentralizado. Se trata de una distorsión para el sistema que hoy es totalmente legal. Por eso pretenden cambiar la ley. Para evitar que el sistema colapse a mediano plazo.

Otro ejemplo que se menciona es el de un empleado municipal encargado de cortar el pasto en las plazas del pueblo, que terminó jubilándose como Director de Espacios Verdes, sin haber ocupado ese cargo y, en consecuencia, sin haber aportado como tal.

En la gestión de Frigerio hablan de un entramado burocrático que “tiene vida propia” y que deriva en acuerdos para “jubilarse bien”. Y aseguran que vinieron a cortar con los acomodos, atacando el problema tanto con la reforma de las normas que lo permiten, como con algunos prácticas que habilitan excepciones a la regla, habitualmente como pago a la militancia. “Ley pareja para todos”, repiten. Tarea para el control opositor.

 

Fuente: Página Política