Este martes por la mañana continuaron las reuniones de las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno para discutir la iniciativa del Ejecutivo que busca llevar a cabo una reforma previsional. Esta vez expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS).
En primer lugar la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y que el cálculo del haber inicial se realice sobre los últimos 120 meses de actividad. Domínguez señaló que llevar el cálculo a 240 meses es «innecesario para este momento de incertidumbre, de bajo salario, de crisis económicas».
Mientras se desarrollaba la reunión, en las inmediaciones de la Casa Gris, sobre la calle Santa Fe, se encontraba un grupo de manifestantes del gremio estatal mayoritario encabezado por su secretario general, José Allende; en tanto, en la Plaza Mansilla se mantenía el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que, a diferencia de UPCN, forma parte de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.
Respecto al déficit, indicó que un 15% es de carácter estructural y que «no va a haber equilibrio fiscal en la caja de jubilaciones». También propuso que el aporte del 19% se aplique sobre el haber jubilatorio y no sobre el del activo, para evitar que el descuento real alcance el 23%.
En materia técnica, Sandra Varas (UPCN) advirtió que la redacción actual excluye de regímenes especiales a grupos como tipógrafos, operadores de aeronavegación y personal de salud específico.
Sobre la ley de emergencia, Varas explicó que el artículo 4 permite aportes adicionales de hasta el 8%, lo que elevaría la carga total al «25, 26 y 27% sobre los montos de las jubilaciones», situación que consideró con «cierto grado de confiscatoriedad». Además, cuestionó que el Ejecutivo pueda declarar estados de emergencia sin convocar a la legislatura.
Delegación
Por su parte la Secretaria General de APS, Alejandra Levrand, analizó el impacto en el sector municipal. Indicó que el artículo 1 permite al Ejecutivo prorrogar la emergencia indefinidamente después de 2027, lo que a su juicio «convierten al gobernador al legislador». Un dato a tener en cuenta es que APS también integra la Multisectorial.
Levrand detalló la situación de los trabajadores de calle: «Me cuesta pensar en los trabajadores que se dedican a la recolección de la basura porque lo harían con 65 y 68 años de edad». También mencionó a empleados de obras sanitarias que trabajan sumergidos en agua y a docentes de jardines maternales.
Sobre la paridad de género, Levrand calificó el aumento de la edad para las mujeres como una «discriminación para nosotros negativa» al no considerar las tareas de cuidado no remuneradas. En este sentido, un trabajador que ingrese a los 18 o 20 años bajo este esquema debería aportar entre 48 y 50 años para jubilarse. Levrand también advirtió que los aumentos para jubilados se pagarían a los 60 días hábiles, sin retroactividad, lo que generaría «un rezago de un trimestre respecto al activo».
Al ser consultadas por el senador Fabián Berthet (PJ) sobre la base técnica del proyecto, Domínguez afirmó: «Nosotros no hemos accedido a esa información» sobre estudios actuariales del gobierno. Agregó que «no se podría hacer una reforma si no se tiene esos datos» para conocer cuántas personas se jubilarán en los próximos años.
Finalmente, ante una pregunta del senador Juan Pablo Cosso (PJ) sobre la edad de las mujeres, UPCN propuso evaluar el esquema nacional que «reconoce a las mujeres las tareas de cuidado y le compensa años de aporte por cada hijo».
