Cuatro de los cinco legisladores nacionales del peronismo por Entre Ríos salieron al cruce de entidades empresarias, quienes confluyeron en un duro documento contra el gobierno de Alberto Fernández, acusándolo de ir contra la propiedad privada en el marco de la polémica por el caso Vicentin.
En una carta, las diputadas Mayda Cresto y Carolina Gaillard; el diputado Marcelo Casaretto; y el senador nacional, Edgardo Kueider respondieron al sector empresarial. No acompañó la diputada nacional Blanca Osuna, más identificada con el kirchnerismo que sus pares entrerrianos.
A continuación el texto completo que fue enviado a los empresarios:
Entidades Empresarias de Entre Ríos:
Nos dirigimos a Uds en relación a la nota pública dirigida al gobernador y a los legisladores nacionales de Entre Ríos. Nuestras convicciones están en el diálogo sobre todos los temas de nuestra patria, y por la unión de todos los argentinos.
Siempre trabajamos en el marco de la Constitución Nacional, defendiendo los derechos y garantías consagradas en la misma, dentro de los que se encuentran la propiedad privada, entre otras. Al día de la fecha informamos a Uds., que el Poder Ejecutivo no ha presentado en el Congreso de la Nación ningún proyecto de expropiación. No percibimos que en las actuales circunstancias se atente contra la independencia de los poderes de Estado, que se ataque a las empresas, o a la iniciativa privada. No observamos que se violenten reglas institucionales ni se ponga en vilo la confianza y la seguridad jurídica, ni se den señales negativas para los actores económicos.
El Presidente de la Nación lleva adelante un proyecto abierto al diálogo con todos los sectores políticos y sociales. Desde el inicio de la gestión se trabaja por los sectores más postergados de la sociedad, con más intensidad a partir de la pandemia desde marzo. Se apoya a las empresas con medidas como créditos por Bancos Públicos y Privados con tasa del 24% para capital de trabajo, créditos a tasa cero (0%) para monotributistas y autónomos, garantías a través del FoGar. También está en vigencia una iniciativa sin precedentes, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) donde el Estado abona el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado. Se prorrogaron algunos vencimientos impositivos y de aportes patronales, se congelaron hasta fines de año las tarifas de electricidad y gas natural, se suspendieron los cortes de servicios públicos y los cierres de cuentas bancarias.
En todos los casos se están beneficiando a miles de empresas y a millones de trabajadores en todo el territorio nacional, incluidas empresas, monotributistas, autónomos y miles de trabajadores entrerrianos.
Además se implementó el Plan Argentina contra el Hambre con la tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la mejora de los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Jubilaciones y Pensiones, para sostener los ingresos de las familias y sostener la demanda agregada en medio de la crisis.
En el caso de Vicentin SAIC, la empresa se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, y se presentó en concurso preventivo en febrero de este año, afectando a miles de acreedores. El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención, para rescatar la empresa y mantener las fuentes de trabajo. Se busca sostener el funcionamiento de esta actividad, y permitir el cobro de las deudas de los acreedores, dentro de los cuales están el conjunto de los argentinos por las deudas de la empresa con el Banco de la Nación Argentina y la AFIP. El trámite está pendiente de resolución en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, con participación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de esa Provincia (IGPJ).
De nuestra parte, seguimos con atención el tema, preocupados por sus efectos sobre los entrerrianos. Siempre estamos abiertos al diálogo, con todos los sectores de nuestra querida provincia.
