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Ley Castrillón: por qué todos la critican, por qué no se la deroga

Tras la derrota del oficialismo, hay voces que se levantan para impugnar los modos de distribución de poder en el PJ. Derogación de la Ley Castrillón es la consigna que se repite. La norma termina con la incorporación de m

Desde el 28 de junio a esta parte, y con los números de la derrota en la mano, distintos dirigentes del justicialismo han impugnado los modos de selección de candidatos, lo que es igual a poner sobre la mesa la discusión respecto de cómo se distribuye el poder.

Entre otras cuestiones, se ha puesto el ojo, nuevamente, en la siempre cuestionada Ley Castrillón (Ley 9659 de Internas Abiertas y Simultáneas), nombre que lleva en alusión a su autor, el ex diputado y ex presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja, Emilio Aroldo Castrillón.

Entre paréntesis, los primeros intentos frustrados por modificarla, a mediados de 2007, intentaron ganar espacio en los medios ante un tema que concentraba la mirada de la prensa: la polémica por las impugnaciones al pliego de Castrillón para ocupar el sillón que ocupa en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La vidriera de la Reforma Electoral

La Ley Castrillón fue presentada como un avance en la reforma electoral por cuanto obliga a todos los partidos, por ley, a dar la interna o a demostrar mecanismos de consensos que deriven en una sola lista.

Además, se marcó como una evolución la simultaneidad con lo que quien votó en la interna de un partido no puede hacerla en la del otro.

Pero lo más importante, para la realidad política provincial, es que la norma es la mejor manera de complicar las cosas a quien pretendiera dar internas. Esto es así por distintos factores: 1) porque facilita el control de la tropa propia a las hegemonías partidarias; 2) porque acota los márgenes de negociación entre distintos sectores; 3) porque quien pierde es desterrado de toda posibilidad de ser incluido en las listas para la elección general; 4) porque obliga a mostrar todas las cartas –estrategia de alianzas con otras fuerzas, inclusión de extrapartidarios, etcétera- mucho tiempo antes de la elección general; 5) porque los referentes departamentales quedan subsumidos tras el poder de un líder.

Contexto: Solanas, afuera

La ley fue sancionada entre gallos y media noche en el Senado de la provincia en diciembre de 2005. Fue promulgada y publicada al día siguiente, 6 de diciembre de 2005. Un par de meses después, estalló la fractura en el justicialismo que se expresó en la Lista 2 del PJ, postulando a Sergio Urribarri para la Gobernación, sin adversarios internos; y con Julio Solanas y Enrique Cresto liderando un sector que terminó yendo por fuera, con la Lista 100.

Los legisladores –diputados y senadores que aprobaron la Ley Castrillón- terminaron siendo presa de la norma que votaron. En tanto dirigentes departamentales debieron disciplinar sus aspiraciones de poder a los ordenamientos que se dieran desde el liderazgo de Jorge Busti, entonces gobernador, y de su candidato.

De cómo ordenar un partido

Si se toma en cuenta que la ley se estrenó un año después de su promulgación, con la interna abierta y simultánea del 17 de diciembre de 2006, la norma obligó a tener los candidatos presentados un año antes de su asunción, en diciembre de 2007.

Es que con lista única o sin la misma, los partidos debieron atenerse a los plazos previstos por la Ley 9659 presentando, en tiempo y forma, los nombres de las listas en pugna o los de la lista única.

Desde la UCR –que tenía dos listas para los cargos más importantes- hasta el Partido Popular de la Reconstrucción o el Partido Comunista debieron dar cuenta de sus estrategias de alianzas y de sus nóminas de candidatos en el mismo momento que los partidos que tuvieron internas, un año antes del cambio de autoridades. O mejor, tres meses antes que la elección general que tuvo lugar en marzo de 2007.

Puertas adentro de los partidos mayoritarios, la Ley Castrillón rompió con preceptos elementales de las Cartas Orgánicas para prever la integración de minorías o para distribuir poder territorialmente a través del cargo de diputado provincial.

La clave está en el artículo 6 de la ley. Dice textualmente que “se denegará la pretensión de oficializar candidaturas en los siguientes casos:

“A.- Si la postulación de gobernador y vicegobernador no fuera hecha conjuntamente con, por lo menos, quince (15) candidatos a Senadores y una lista completa de Diputados;

“B.- Si la postulación de Presidente Municipal no se hiciera en forma conjunta con una lista completa de concejales titulares y suplentes”.

En efecto, la ley instaura ya, desde la interna misma, la lista sábana para la Cámara de Diputados. Así, terminó con la tradición del peronismo cuya orgánica preveía la posibilidad de disputa de una banca de diputado por el departamento como lo hicieron, en distintos contextos, por ejemplo, Eduardo Jodor que ganó en Gualeguay; o Raúl Solanas que ganó en Paraná, en ambos casos a la lista del bustismo que se impuso en la provincia. El peronismo, tras la interna y con los ganadores en cada departamento, terminaba por armar la lista en un congreso partidario donde las negociaciones y la búsqueda de consensos entre distintos sectores estaban a la orden del día.

Por el lado del radicalismo, echó por tierra con la tradición del “distrito único”, conjunto de cinco diputados que llevaba cada precandidato a gobernador. Pero más importante, terminó con el “premio” que otorga el radicalismo al ordenar la lista, después del distrito único, según el departamento que mejor elección hizo en los comicios anteriores.

Respecto de la integración de las minorías, sólo se puso a salvo en la UCR, tras la interna, cuando a través de un recurso se terminó haciendo lugar a los corrimientos que permitieran su acceso a las nóminas para la elección general.

El artículo 6, por otro lado, sólo habilita proyectos provinciales fuertes ya que sólo prevé la existencia de una fórmula cuando se acompaña con candidatos a senador en quince departamentos y con nómina completa de diputados.

Experiencia

Como era de esperar, en el PJ hubo lista única para los cargos de Gobernador y Vice. A nadie se le ocurrió dar la interna a la bendecida fórmula de Sergio Urribarri y José Lauritto. Hubo, sí, disputas departamentales que, en Paraná, se expresaron en seis postulantes para la Intendencia. Ganó el actual presidente municipal José Carlos Halle en una interna en la que salió segundo el dirigente gremial Daniel Ruberto.

La UCR, fiel a su estilo, persistió en el intento de dirimir candidaturas por internas. Las hubo en Paraná y en la provincia, en una contienda en la que se impusieron Gustavo Cusinato, para la Gobernación; y Sergio Varisco, para la intendencia; a Arturo Vera y Fabián Rogel para esos mismos cargos.

Intentos de reforma

Una vez que la norma cumplió su cometido central, darle cauce a la interna peronista de cara a la renovación de 2007, la ley empezó a ser severamente cuestionada.

Hubo varios proyectos de ley para derogarla, lista y llanamente –tal como lo propuso el ex diputado radical Rubén Villaverde- o propiciar su reforma, especialmente en el polémico artículo 6, tal como lo promovieron oportunamente distintas bancadas a través de un proyecto presentado por los ex diputados Hernán Vittulo y Enrique Cresto. A esa propuesta, con aportes propios, se sumaron Beatriz Montaldo, de la Concertación Entrerriana, y Juan José Bahillo, también legislador entonces del oficialismo.

En este período, hubo un proyecto en igual sentido del legislador oficialista Eduardo Jourdán. Pero hasta el momento, pese a los severos cuestionamientos que se le formulan, la norma sigue en pie.

No vaya a ser que haga falta, nuevamente, para encauzar la interna del partido de gobierno. Más aún cuando, tras la derrota, reverdece el intento por medir fuerzas en cada punto de la provincia y, más que nunca, cualquier compañero osa llevar el bastón de mariscal en la mochila.

De la Redacción de Página Política

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