Esta vez en Plaza 1° de Mayo, se realizó en la noche del miércoles la segunda asamblea en defensa de la Ley de Salud Mental. Trabajadores, profesionales, usuarios y familiares del sistema de salud, organizaciones gremiales, sociales y políticas plantean estrategias ante el anteproyecto de decreto nacional que modifica de raíz la perspectiva que inspira la norma.
Hubo posicionamientos institucionales que se dieron a conocer como el del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader; y de agrupaciones estudiantiles de facultades de la UNER.
Se repasaron los debates sobre el conflicto planteado en las distintas áreas de trabajo en salud mental. Se acordó convocar a un nuevo encuentro de cara a una movilización que se pretende enmarcar en el reclamo de otros sectores y en coincidencia con el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Se analiza si marchar ese mismo día, domingo, o si trasladar la convocatoria al lunes 11.
A nivel local
En el primer encuentro, una semana atrás en la Facultad de Trabajo Social, se hizo presente la concejal de Cambiemos, Karina Llanes, con una posición crítica sobre la iniciativa. Propuso transmitir el reclamo ante el Concejo y contactar a legisladores provinciales y nacionales del PRO y la UCR.
Se desestimó la discusión a nivel local propuesta por la edil. Pero se revisó esa posibilidad en el segundo encuentro ante un proyecto de comunicación que presentó la concejal Estefanía Cora del Frente Para la Victoria, repudiando la iniciativa.
Finalmente se les propuso que unifiquen un texto, con el respaldo de la Asamblea, para ser presentado ante el poder legislativo local.
Llanes, por su lado, avanzó en gestiones ante la dirigencia de su partido. “Me han informado los diputados nacionales de Cambiemos que el Ministro de Salud de la Nación les informó que esta medida se iba a frenar”, aseguró la edil que se ocupó en resaltar “la labor de la salud mental aquí y en todo el país que hizo posible que esto sucediera”. “Hay noticias buenas pero hay que seguir moviéndose”, convocó en entrevista con este portal.
Por lo conversado con Cora, se pretende redactar un texto que no quede en el mero repudio si no que aporte a “difundir a su vez lo que es la salud mental y la ley que defendemos para que se conozca”.
Oficialismo provincial
El gobierno, representado en la primera asamblea por el equipo de la Dirección de Salud Mental, ya no estuvo presente en esta ocasión. Incluso, hubo quejas con el titular del área, Carlos Berbara, que omitió informar que el viernes pasado venía a Villa Libertador General San Martín el director Nacional de Salud Mental, Andrew Blake, para un panel del que sería parte el representante de Entre Ríos.
La asamblea se movilizó hasta la vecina localidad para llevar su reclamo al funcionario del gobierno de Mauricio Macri quien finalmente no llegó. De todos modos, las organizaciones tomaron nota, así como también de la ausencia en el encuentro en Plaza 1° de Mayo.
Quien sí se hizo presente fue el presidente del bloque de senadores del oficialismo, Angel Giano, que ha estado vinculado al tema como ex ministro de Salud y como titular de la Comisión de Salud en la Cámara alta. Anticipó la presentación de un proyecto para que el Senado fije posición sobre el tema.
“Intentaremos que, en acuerdo con Cambiemos, podamos tratar sobre tablas este proyecto que pretende rechazar esta metodología que se pretende imponer de modificar con un decreto la ley de Salud Mental lo que no corresponde ni jurídica ni sanitariamente pero si conviene al negocio de los medicamentos”, dijo Giano a Página Política y dio por descontado que, de no tener acuerdo de la oposición, se aprobaría en tratamiento con preferencia, y con los votos del peronismo, en dos semanas.
Rescató lo que implicó la adhesión de la provincia a la ley nacional y marcó como un logro, además, que se llame y se defina como “hospital escuela” a la institución conocida tradicionalmente como Roballos. Subrayó especialmente el avance que significó que “la salud mental se aboque a las adicciones lo que hoy se pretende revisar, más desde una mirada de tipo penal sobre el adicto que desde una perspectiva sanitaria”.
“Se trata de defender una política que ha implicado promoción de derechos. Hay que dar esta pelea hasta donde se pueda”, afirmó.
