La primera reacción en la Legislatura a los proyectos de ley que impulsan una redacción no sexista e inclusiva de la ley en Entre Ríos, llegó con un dirigente del PRO. El diputado Manuel Troncoso difundió su postura en contra de las propuestas de las legisladoras del peronismo, Stefanía Cora y Mariana Farfán.

Unas horas antes de que la socióloga Dora Barrancos se ocupara de dictar el curso a los legisladores, en cumplimiento de la Ley Micaela, Troncoso fijó una postura que minimiza el impacto del lenguaje en una cultura atravesada por la violencia de género. Pero además, consideró lesivo y antidemocrático que el lenguaje “nombre” a las mujeres y las disidencias.

Barrancos remarcó que no hay nada en el orden natural que explique el patriarcado y apuntó al orden simbólico que ha consagrado la desigualdad entre los géneros. Defendió los esfuerzos por avanzar en un lenguaje inclusivo. Remarcó que tras lo que algunos ven como “el berretín feminista” está el nudo del problema, tras lo cual fundó la relevancia del lenguaje en la constitución del sujeto.

Troncoso arranca su postura diciendo no estar en contra del uso del lenguaje inclusivo. Sin embargo, se explayó en los argumentos que siguen:

El orden natural

Troncoso expresó su rechazo a que “se nos obligue a utilizarlo (al lenguaje inclusivo) por múltiples e importantes razones”. “La más obvia es que atenta contra la libertad, no se puede forzarnos a formular nuestras propias ideas, propuestas y proyectos de una manera que no compartimos plenamente. Esta es una idea un poco absurda que atenta contra derechos constitucionales inalienables que no pueden ser normativizados: libertad de conciencia y de expresión”, manifestó el legislador en contra de dos proyectos que en ningún caso plantean una “receta” respecto de cómo redactar la ley. En cambio impulsan “la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista”.

El integrante de un cuerpo que se llama Cámara de Diputados, (que con su nombre deja a oscuras a todas las diputadas), entiende que el lenguaje inclusivo es una “jerga inclusiva” que identifica “a un sector ideológico” y su imposición sería “obligar a todos a usar los códigos de un sector” lo que supone “pretender someter al conjunto a esa cosmovisión particular, lo que sin duda resulta lesivo y antidemocrático”.

Si bien los proyectos en cuestión no sugieren el uso de la “e” o la “x”, Troncoso interpreta que “el lenguaje inclusivo pretende modificar el idioma en su totalidad y cambiar una gran mayoría de los sustantivos, pronombres y adjetivos, como mínimo. Esto implica una transformación de miles de palabras que se utilizan a diario, por no decir del cien por ciento de las frases que construimos, creando suma confusión”.

Cultura y política

Troncoso entiende que “es completamente artificial” el debate. Y que además “va en contra de esta tendencia natural hacia la simplificación y economía del lenguaje”.

Descarta la posibilidad, como dirigente político, de ir en busca de una sociedad distinta a la presente. Así lo hace al impugnar que la Legislatura pretenda “imponer determinados códigos que no han sido acatados por la mayoría”. “El proceso natural y democrático sería el inverso: aguardar a que, si la sociedad lo decide, los códigos propuestos se configuren como representativos de la población y en tal caso avanzar en reglamentaciones, ya que habría acuerdo social. Esto no pasó aún, ni en el país ni en nuestra provincia, y en ninguna localidad”, dice en su texto el diputado arrogándose el conocimiento de la opinión de las mayorías y obviando el orden jurídico de la Argentina que asegura la igualdad de las personas más allá de su identidad de género.

Finalmente, el dirigente apunta que las iniciativas no tendrían ningún efecto sobre la realidad ni tendría ningún impacto “en el sometimiento a las mujeres ni otros colectivos sociales”. Categórico, afirma que “no existe correlación alguna entre el lenguaje” y la desigualdad, la invisibilidad o la violencia contra las mujeres y las disidencias.

En resumen, Troncoso no encuentra necesario pensar, asumir el desafío, trabajar en función de una cultura, una ley, un lenguaje que incluya a las mujeres y las disidencias. Es más, no encuentra útil avanzar en este asunto porque no habría problema alguno que resolver en este aspecto. Pero además de inútil sería antidemocrático y lesivo porque un lenguaje que hable de todos sería, desde su perspectiva, expresión de “la cosmovisión de un sector ideológico”.

Los proyectos

La iniciativa de Mariana Farfán es un proyecto de ley del que dio cuenta en diálogo con Página Política y que tiene como alcance todo el ámbito de la provincia, en las normativas de los tres poderes del Estado.

La propuesta de Stefanía Cora es proyecto de resolución que tiene por objeto “la erradicación de expresiones, imágenes y comunicaciones sexistas o discriminatorias hacia toda persona, e impulsar la promoción de herramientas para convertir el lenguaje excluyente y sexista en igualitario” en el ámbito de la Cámara de Diputados.

Las dos iniciativas han sido giradas para su debate a la Comisión Banca de las Mujeres, Genero y Diversidad que integran las diputadas de la cámara que, a juzgar por su nombre, sólo la integran varones.

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