José Allende no dará explicaciones en el Poder Judicial este miércoles a las 9. Su situación se resolverá en juicio abreviado, que es un acuerdo. La forma en que dirigentes políticos y dirigentes judiciales arreglarán en este caso los desaguisados que se produjeron en el seno de la administración pública. Un pacto.
El ex diputado que ocupó dos décadas una banca y otros tantos en la secretaría general del gremio de estatales quedó sin fueros el 10 de diciembre pasado.
El radicalismo chilla ante el acuerdo inminente, mientras que el PRO hace un esfuerzo para que se crea que chilla. Eso también pone de relieve quien discute poder y quienes no en Entre Ríos y el país.
Allende tiene cerrado un acuerdo que implicaría una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años de prisión condicional. Pero como se suele decir, todo procedimiento es perfectible.
El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, en representación de Allende; el fiscal de género Leandro Dato y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola. Por la ministra Velázquez estará Fernanda Vázquez Pinasco; y por Carboni Rubén Pagliotto. La jornada será transmitida a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.
En el caso de la ministra y el periodista adelantaron que se opondrán al abreviado, porque entienden que no se está ante “un remate de saldos y retazos”. Quieren, además, una individualización de la pena. En resumen: saber qué corresponde por cada delito imputado. Repaso: por las reglas del concurso real las condenas, por los cuatros delitos, oscilarían entre los 2 y 16 años. Eso muestra que la balanza se inclinó estrepitosamente hacia el mínimo.
Por directivas de la Procuración General, en los casos de violencia de género, los fiscales toman como vinculante la opinión de la víctima. Esto no surge de la ley, sino de la política criminal establecida por el procurador Jorge García.
Con la negativa de la víctima, en este caso Velázquez, el fiscal Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal.
Se estará ante una situación incómoda. El Poder Judicial está bajo el rechazo de la opinión pública. Allende, en cambio, sonríe a la cámara. Lo único que no tuvo en su vida fue buena imagen.
