La causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura espera, hace meses, una pericia contable. Para ser justo, hace más de un año. Esa prueba fijará el monto que fue sustraído en las cámaras durante el período 2008 – 2018 con excepción de los años fantasmas en Diputados, donde la investigación arranca recién en 2011, dejando afuera la presidencia de Jorge Busti.
El dinero que se extrajo de manera ilegal a través de contratos se conocerá con el trabajo pericial de Andrea Battisti, quien depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En septiembre del año pasado la fiscal Patricia Yedro aprobó una prórroga de 60 días que finalizó en noviembre. El pedido había sido por la propia Battisti y el perito de parte Cristian Dume, propuesto por el ex titular del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso. Éste último, imputado, si alguna vez abre la boca, el escándalo sería tal que varios en tribunales quedarían revolcados en el mismo lodo. Habladurías jugosas que se han escuchado todo este tiempo en peñas bipartidarias.
Lo cierto es que la pericia aún no está finalizada. Esa medida debería dar cuenta también de las contrataciones en cada uno de los períodos legislativos investigados. Pero todo eso no tendría un valor relevante desde el momento mismo en que el procurador general Jorge García dijo que la causa está para elevar a juicio. Es decir que más allá de lo que diga la pericia, el hecho no se reformularía. No habría ni más ni menos imputados. A la hoguera irían entonces todos los recaudadores sin estatus político y quienes hacían los trámites para que el sistema funcione. Las autoridades quedarían afuera pese a que la normativa muestra que en el plano de responsabilidades al momento de contratar la última firma la tiene quienes presiden las cámaras.
Darle un corte a la investigación para que no se convierta en interminable es el argumento que dio el jefe de los fiscales, con la promesa de una posible apertura de una “causa de los contratos II”. ¿Quién podría creer en eso?
De la pericia, que el vocal del STJ Emilio Castrillón dijo que lo resolvería en semanas, dependerá cuánto fue supuestamente lo sustraído. La voz del magistrado debería atenderse, fue un hábil legislador. Se debe revisar los contratos que se hicieron, quienes los firmaron y qué contraprestación hicieron. Punto. No es para tanto. La causa se inició el 20 de septiembre de 2018.
Se ha decidido no hablar de la causa. En una ronda de consultas con abogados defensores sucede algo maravilloso. Tienen aprecio por los fiscales que imputaron a sus representados en vez de enojarse por haberles cargado a ellos toda la supuesta culpabilidad de semejante estafa que algunos valúan en 2 mil millones de pesos. Esa compasión avergüenza. Se entiende en un círculo reducido en el que todos entienden todo.
Dos de los abogados coincidieron en destacar que tanto Yedro como Ignacio Aramberry son buenos en sus funciones. “No tienen la culpa, preferirían estar lo más lejos posible”, dijo uno. La política no siempre intenta adoctrinar a la Justicia. A veces el proceso es interno. Se adoctrina en el seno de los tribunales.
El Ministerio Público Fiscal expresa una sensación que crece entre los soldados y los jefes. Se ha convocado para integrar la “Unidad Anticorrupción”, un área muleto de lo que era la Oficina Anticorrupción pero sin demasiada suerte. No hay interés por sumarse. Ese organismo supo presidir la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche hasta que debió dar un paso al costado tras haberse probado que tenía una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla, contratado por Sergio Urribarri en Diputados. Esa designación había sido realizada por García a través de una resolución interna. La Constitución provincial en su artículo 208 establece que el cargo debe ser concursado en el Consejo de la Magistratura. En la Legislatura duerme un proyecto de reglamentación. Y de la nueva “Unidad” la mayoría quiere estar lejos.
Fuente: Página Política
