Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo emitió el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual de la Cámara de Senadores a pesar del vehemente rechazo de la oposición.
La iniciativa, que recibió algunas modificaciones, obtuvo despacho en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales con la sola firma de los senadores del Frente de Todos.
Según estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendría un costo de 1.939 millones de pesos.
En la provincia de Entre Ríos, el proyecto establece un nuevo mapa judicial, con la creación de un nuevo juzgado federal de primera instancia en lo penal con asiento en la ciudad de Concordia, que tendrá competencia exclusiva en materia penal, y una secretaría ambiental en Paraná pero que tendrá jurisdicción sobre toda la provincia.
Esta nueva disposición le asignará la competencia sobre una una gran parte de la geografía del norte entrerriano, que comprenderá los departamentos de Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, considerando que tiene una estratégica ubicación y competencia sobre un tramo del corredor de la ex Ruta Nacional 14 para la investigación de delitos de lesa humanidad, narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y delitos aduaneros, por ejemplo.
En el dictamen también se prevé la creación de dos nuevos cargos de defensores oficiales con competencia penal, en Concordia y Concepción del Uruguay; y tres nuevos cargos de fiscales con competencia penal, dos en Concordia y uno en Concepción del Uruguay pero con jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Podrían incorporarse un cargo de fiscal y uno de defensor en Paraná, aunque esa discusión quedará para darse en el recinto.
En tanto, el Juzgado Federal Número 1 de Paraná, mantendrá la estructura que actualmente tiene, con dos secretarías penales, una secretaría de derechos humanos y la secretaría electoral, aunque sumaría una nueva secretaría de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos, algo que surgió como una propuesta del senador Edgardo Kueider en su proyecto alternativo al que había impulsado el presidente Alberto Fernández y que se replicará en otras jurisdicciones. Tampoco tendrán cambios la estructura de Concepción del Uruguay, con un juzgado en materia penal y otro con competencia Civil, Comercial, Laboral y de Previsión Social, Contencioso Administrativa y de Ejecuciones Fiscales; ni los juzgados de Victoria y Gualeguaychú, que seguirán siendo de competencias múltiples.
El dictamen también contempla un planteo efectuados por los organismos de derechos humanos para que las secretarías con competencia específica en las causas por delitos de lesa humanidad conserven esa materia y se mantengan en los juzgados donde actualmente tramitan esos procesos con el personal que ya tienen asignado.
El proyecto establece además que el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General deberán llamar a concurso para cubrir los nuevos cargos dentro de los diez días posteriores a la entrada en vigencia de la ley; las ternas deberán ser remitidas al Poder Ejecutivo en un plazo máximo de nueve meses desde la convocatoria del concurso y el Presidente tendrá diez días para enviar los pliegos al Senado.
Sin embargo, los magistrados que ya se encuentran a cargo de juzgados federales con competencias múltiples, por ejemplo, la jueza de Concordia Analía Ramponi, tendrán diez días para manifestar ante el Consejo de la Magistratura su voluntad de permanecer en ese cargo o cubrir la nueva vacante.
Si bien el oficialismo decidió que la implementación del sistema acusatorio sea analizada por la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal, el nuevo esquema judicial que se pretende instrumentar en la provincia ha recogido gran parte de las críticas que habían realizado los operadores judiciales –magistrados y funcionarios judiciales, abogados y dirigentes entrerrianos– al proyecto original.
También quedará pendiente la discusión de un nuevo régimen penal juvenil que contemple las disposiciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño para los conflictos que involucren a los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.
(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)
El dictamen
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