Seguramente, en los próximos días, el debate político y de campaña de la dirigencia de Paraná no podrá eludir el profundo conflicto social que implica el lock out empresario de la prestataria del servicio del transporte urbano de pasajeros.

La firma, Buses Paraná, espera un incremento de las tarifas. Formuló el planteo en octubre y el lunes decidió retirar prácticamente un tercio de sus unidades (43 colectivos) arguyendo el incremento de costos operativos. Por estas horas, desde la empresa se hizo saber que normalizarían el servicio a la espera de una solución. Pero hasta el momento, los usuarios han sufrido esperas de por lo menos una hora para subir al colectivo, siempre y cuando pare, atestado de gente.

Los pases de factura, reclamos, discursos proselitistas de oficialismo y oposición estarán a la orden del día, seguramente, porque el conflicto no tiene salida al momento. Y la salida supondrá en todos los casos un importante incremento de la tarifa que para el boleto general rondaría los 7 pesos por pasaje.

Actores, roles y facturas

Inflación, aumento de los combustibles, más la desaparición del 83% de los subsidios al transporte -aprobado en el Presupuesto 2019-, llevan al escenario actual. Las distintas expresiones del peronismo, que por ahora tiene como candidato más firme a Adán Bahl, podrán juntar argumentos de sobra para disparar contra las gestiones de Cambiemos, la de Mauricio Macri y la de Sergio Varisco, que buscan, ambos, su reelección.

Algunas piedras volverán con fuerza. Porque en efecto, fue el peronismo “racional” al que expresan los legisladores nacionales entrerrianos que responden a Gustavo Bordet, el que sumó los votos para que ese Presupuesto 2019 fuera aprobado por el Congreso de la Nación. Desde Cambiemos, Varisco o su adversario interno, el concejal Emanuel Gainza, reclamarán la coautoría del peronismo en esta impopular medida.

La respuesta incluirá la decisión de Bordet de hacer frente, con las arcas provinciales, al 50% del recorte al subsidio al transporte. Otro porcentaje, menor, prometió absorber Varisco. El resto correrá, irremediablemente, a cargo del usuario de colectivos.

Tablero local

La empresa solicitó ya en octubre una revisión de las tarifas. Acorde a lo previsto por la normativa, si hay una variación de los costos que supere el 10%, la prestataria debe exponer el planteo pidiendo el incremento al Ejecutivo.

Así se hizo. Y el Ejecutivo pidió una evaluación de costos al SITU (Organismo de Monitoreo y Control del Sistema Integral de Transporte Urbano). Hubo dictamen en aquel momento, en octubre, y en base a esa evaluación la gestión municipal elaboró la previsión del aumento.

Correspondía entonces que se envíe un proyecto de ordenanza para que el Concejo apruebe o no el cuadro tarifario actualizado.

Pero el Ejecutivo no lo mandó en octubre y así las cosas no pudo haber tratamiento en el Concejo. Pasaron cuatro meses, lapso que pone en riesgo la actualidad del tarifario en estudio. Y la empresa decidió responder afectando la prestación del servicio.

Reacción y costos políticos

Con el lock out empresario en marcha, el Ejecutivo envió un “decreto” al Concejo. Ya es sabido el diferendo entre la titular del cuerpo, Josefina Etienot, y quien fue su compañero de fórmula en 2015, Varisco. La viceintendenta no dejó pasar el error y reclamó que sea enviado un proyecto de ordenanza, como lo prevé la normativa vigente.

Le enviaron una nota con una corrección del estilo “donde dice decreto debe decir ordenanza”. La dirigente del PRO no tomó la corrección como envío del proyecto y no ha convocado a sesión. Sólo circulan versiones que podría sesionar el viernes el Concejo pero no hay citación formal a los ediles.

Mientras, se especula con el artículo 52 del marco regulatorio. Dice allí que si el cuerpo deliberante no trata el nuevo cuadro tarifario en 20 días, el Ejecutivo puede firmar un decreto que lo ponga en vigencia. ¿Puede argumentar el Ejecutivo que va a aprobar el aumento por decreto porque el cuadro tarifario es de octubre? Rarísimo si el Concejo aún no se ha enterado formalmente de envío de un proyecto de ordenanza respecto del punto.

Otro punto en debate es si corresponde que los ediles traten el asunto con el lock out empresario como telón de fondo metiendo presión con los usuarios como rehenes de la discusión.

El conflicto sigue. Por los medios y también en sesión, el caos del transporte urbano de pasajeros atravesará el debate de campaña de la política local. Pero además motivará la necesaria formulación de propuestas a un asunto que nunca termina de encontrar solución.