Lo Último

Los docentes buscan frenar los descuentos por la vía judicial

En Agmer ya tiene elaborados los escritos que presentará, ni bien esa medida se concrete, cuando comience el cronograma de pagos, el martes.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) buscará que la Justicia declare inconstitucional la circular número 2 que dispuso aplicar descuentos por los días de huelga que los maestros cumplieron el 28 de junio, y 3 y 4 del actual. Ya tiene elaborados los escritos que presentará no bien esa medida se concrete, cuando comience el cronograma de pagos, el 1º del próximo mes.

El Congreso Provincial de Agmer, que sesionó en Concordia el 19 del actual, rechazó la oferta salarial del Gobierno —la propuesta oficial consiste en llevar el mínimo garantizado de 1.040 a 1.071,41 pesos, lejos de los 2.400 pesos que reclaman los docentes—, y dispuso un fuerte plan de lucha: una huelga de 72 horas, los días 23, 24 y 25 de julio; y dos paros de 48 horas, 1º y 2, y 9 y 10 de agosto.

La respuesta del Gobierno fue un endurecimiento. No sólo reafirmó la determinación de no abonar el aumento ofrecido, sino que resolvió descontar los días no trabajados y además aplicar quitas en el adicional por productividad, que tendrá una merma del 75 por ciento. Según cálculos hechos en Educación, un maestro de grado sin antigüedad perdería aproximadamente 100 pesos sobre un salario de bolsillo de 1.040 pesos por el descuento de los días de paro.

El Ejecutivo se apoyó en la circular número 02 del Consejo General de Educación (CGE) para aplicar los descuentos. La norma establece que la “obligación del directivo es informar todas las inasistencias del personal a cargo”, y que en caso de que ello no ocurra “se dará por entendido que la totalidad de los agentes, incluido el personal directivo, no concurrió a realizar sus tareas y se procederá en consecuencia”.

La norma acude al artículo 3º de la resolución 300 del año 1997 que, dice el CGE, “fija claramente la obligación de información por parte del personal directivo de los establecimientos”.

En realidad, el Consejo de Educación depositó la máxima responsabilidad por los descuentos en los directores de las escuelas, a quienes se los obligó a informar las nóminas de los docentes que decidan no trabajar. Ese camino tuvo un fuerte rechazo de Agmer, que no sólo repudió el dictado de la circular número 2 sino que además recordó a los directores la obligación de informar solamente sobre “porcentajes de ausentismo o presentismo” en las escuelas, pero sin nombres.

Sea como fuere la notificación, el Gobierno ya dispuso la aplicación de los descuentos por los días de huelga, y lo que se entrevé a futuro es un horizonte de disputas judiciales por la legitimidad de esa medida. De todas formas, la administración del gobernador Jorge Busti no ha dejado en firme hasta ahora una determinación de ese calibre hacia los maestros.

NNAACasi siempre se ha vuelto atrásNNCC

Los maestros confían en la experiencia, y por eso restan importancia a las amenazas oficiales. “Desde la 0 de hoy se encuentra a disposición de los docentes entrerrianos, el dinero correspondiente a la devolución de los descuentos que se habían practicado a los salarios por adhesión a los días de paro. También están acreditados los montos del aumento de haberes al sector, que rige desde el mes de agosto. La información fue confirmada desde la Tesorería de la provincia”.

La noticia no es nueva. Fue publicada en la página de Internet del Gobierno provincial el martes 20 de septiembre de 2005, y fue consecuencia del acta acuerdo que rubricaron, el 8 de ese mes, los sindicatos docentes con el Poder Ejecutivo en aquel conflictivo año, durante el cual se produjeron 18 paros docentes. Ese documento se convirtió en un armisticio que obligó a las autoridades a volver atrás con las sanciones impuestas a los docentes que hicieron huelga.

En ese documento, el Poder Ejecutivo se comprometió a retirar de la Legislatura el proyecto de ley que había presentado que declaraba “servicios esenciales” a la educación. Y además asumió la obligación de devolver los montos de los descuentos de los días de paro resueltos por aplicación de las circulares 1.909 y 1910 del Consejo de Educación.

La pelea por los descuentos había llegado ese año al terreno judicial: AGMER patrocinó la presentación de unos 4.000 recursos de amparo en la Justicia. Al año siguiente, en 2006, el Consejo de Educación pretendió seguir el mismo camino para frenar la conflictividad de los maestros. En noviembre del año último, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, aconsejó al CGE “no abonar” los días no trabajados por los docentes que se plegaron a las medidas de fuerza en las escuelas (14 días en total).

El dictamen número 1.537/06, firmado por Mizawak, estipuló que “así como el derecho de huelga permite al docente retener el débito laboral no prestando servicios, ello genera la posibilidad de no abonar la remuneración, sin que ello interfiera en modo alguno en el ejercicio del derecho de huelga”.

Aunque el CGE no echó mano a ese dictamen sino que aguardó con expectación que la Justicia acogiera favorablemente un planteo de inconstitucionalidad de los paros resueltos por los docentes. Pero el juez Laboral Carlos Calvo firmó una resolución que le produjo un serio revés: el magistrado resolvió declararse incompetente en el pleito. Y los descuentos nunca se hicieron.

Fuente: El Diario.

Claves

Notas más
leidas
© 2021 Página Política
Términos y Condiciones
Política de Privacidad