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Los docentes vuelven a las aulas pero apelan el fallo

Hoy habrá clases pero los docentes amenazaron con profundizar el conflicto si no hay respuesta oficial a sus reclamos. Pasadas las 22 de ayer, y luego de largas y controversiales deliberaciones, Agmer anunció que acataba la medida judic

Agmer, AMET y UDA acataron la orden de la jueza Gabriela López Arango y hoy retornan a las escuelas para dictar normalmente clases. La magistrada consideró “sumanente agresivo” el plan de lucha docente al tiempo que definió al Consejo General de Educación, “responsable directo del derecho a aprender”.

La jueza laboral Gabriela López Arango hizo lugar a la acción de amparo promovida por Analía Maricel Belbey y Claudia Fabiana Raquel Márquez y en consecuencia, ordenó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, a la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica y a la Unión Docentes Argentinos, levantar las medidas de fuerza previstas para hoy y mañana.

En el mismo fallo, también ordenó al Consejo General de Educación garantizar el “normal dictado de las clases en dichas jornadas lectivas y el derecho de aprender de los menores, para lo cual deber arbitrar todos los medios que fuere menester para el cumplimiento de la presente medida”.

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En el expediente Nº 1750, caratulado “Belbey, Amalia Maricel y otra c/ Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y otras – Acción de amparo”, las madres de dos alumnos concretaron la presentación contra el organismo oficial, Agmer, AMET y UDA para solicitar que se dictara el cese en las medidas de fuerza tomadas para los días 15, 22 y 23 por entender que “afecta el normal dictado de clases y de esta forma se conculca gravemente el derecho constitucional de aprender (derecho a la educación) de sus hijos, debiéndose establecer la concurrencia de los docentes a los establecimientos educativos para el dictado de clases”.

Sostuvieron que tanto el CGE como los gremios docentes “lesionan e impiden de manera manifiestamente ilegítima el derecho constitucional de aprender -art.14 de la C.N., art.9 Constitución Provincial- y normas contenidas en Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional entre los que destaca la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

También habían precisado, haciéndose eco de una publicación, que con relación a los incrementos del salario docente; “la respuesta de los gremios ha sido sistemática: el ejercicio del derecho de huelga; que en el mes de agosto sobre 20 días hábiles llevan decretados nueve paros”. En síntesis, la presentación, analizaba el derecho de huelga; el derecho de aprender de los niños y señalaba la responsabilidad estatal y de los gremios demandados.

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Tras extensos considerandos, la magistrada se pronunció respecto de la responsabilidad directa del derecho de aprender que recae en el CGE así como sobre el carácter “sumamente agresivo” del plan de lucha de las entidades gremiales.

Textualmente, López Arango sostuvo “que por supuesto que el Estado Provincial, representado por el CGE en tanto es el organismo encargado de la organización y dirección técnica y administrativa de la enseñanza en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos tal como lo dispone el art.206 de la Constitución Provincial, organización también reglamentada por la ley 9330, es el responsable directo del derecho de aprender, hoy seriamente dañado a la luz de los escasos días de clases que han tenido los menores desde el reinicio del ciclo y que amenaza -ciertamente- atento el tenor de los temas en debate con poner en jaque el año lectivo”. Asimismo, “por su potestad de mando, debe decidir -expresó- qué medidas adoptar -económicas, edilicias, etc.-, de qué modo intentar destrabar este conflicto; qué propuesta integral efectuar que sea abarcativa también de los sectores pasivos, etc”.

Por otra parte, y respecto de las medidas de fuerza, manifestó “que si bien es ajustado a derecho reclamar por mejoras salariales, por condiciones de trabajo dignas de modo de cumplir con la manda constitucional de un salario justo y condiciones dignas y equitativas de labor consagradas en el art.14 bis de la Constitución Nacional, no lo es menos, el justo derecho de los niños que reclaman por intermedio de esta acción (como la de todos los niños y jóvenes entrerrianos) asistir a clases y aprender”. Consideró luego que, “del modo en que se ha implementado este plan de lucha, la persistencia en estas medidas que significa que prácticamente se dicten en un período de 20 días sólo un porcentaje cercano al 50 % de las clases que corresponden dictarse en ese período, torna la medida irrazonable e ilegítima”.

En este sentido, también consigna el fallo: “Repárese que, la huelga es dispuesta según los propios dichos de Agmer en virtud que peticionan -entre otras cuestiones- un salario de $ 2.400 esto es, más del 100 % con relación al último aumento dispuesto en el mes de marzo de 2007, por lo que, sin merituar la procedencia o no del reclamo, que como expresara excede ampliamente la vía del amparo, es un elemento más que se proporciona para analizar la razonabilidad de la medida de fuerza que me llevan a la convicción que, el plan de lucha presentado por las entidades gremiales es sumamente agresivo, tornando en el caso concreto ilegítima la medida frente al derecho de los educandos ampliamente reconocido por los ordenamientos nacionales como también por los Pactos y Tratados Internacionales de Jerarquía constitucional”.

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Notificados las organizaciones gremiales, las primeras en comunicar el acatamiento del fallo judicial fueron AMET y UDA. En la Asociación Gremial del Magisterio, el plenario de secretarios generales analizó el pronunciamiento judicial hasta las primeras horas de la tarde cuando decidió pasar a un cuarto intermedio para dar tiempo a las seccionales a expedirse sobre la novedad. Retomada las deliberaciones, tras un intenso debate en el que las posiciones se dividían entre aceptar o no el fallo, finalmente, pasadas las 22, el secretario general de la organización, Sergio Elizar, comunicó que hoy los docentes retornarían a las aulas.

Asimismo, informó que para mañana, jueves, fue convocado el Congreso provincial para resolver un plan de lucha que dé continuidad al reclamo. “El fallo no resuelve el conflicto educativo. La única salida es que el gobierno dé respuesta en materia salarial y aumente la inversión en infraestructura escolar”, aseguró Elizar. Lamentó por otra parte, que “la Justicia, una vez más, le da la espalda a los trabajadores” y rechazó cualquier “apriete” al sector docente, haciendo alusión a los descuentos en los haberes y a la concentración que para hoy convoca el Partido Justicialista.

En la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica, la comisión directiva resolvió acatar el fallo judicial y volver a las aulas pero, al mismo tiempo, presentar la correspondiente apelación, a la espera que la misma se resuelva favorablemente, así lo informó a El Diario, el secretario de Prensa y Propaganda, Andrés Besel.

La secretaria general de la Unión Docentes Argentinos, Mirta Raya, comunicó en tanto que la determinación fue aceptar lo dispuesto por la magistrada y mantener el estado de asamblea permanente para evaluar cómo seguir con el reclamo. “Cuando hablamos de infraestructura, nos preocupa también dar seguridad a esos chicos cuyos padres reclaman el derecho a la educación”, señaló la dirigente gremial.

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De la lectura del fallo, se extrae una síntesis de los informes presentados por las partes y en base a los cuales se pronunció la titular del Juzgado laboral.

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Planteó la inadmisibilidad de la acción basada en que existen otros procedimientos; negó que la huelga impida la posibilidad de ejercer el derecho a la educación; que el derecho de huelga se encuentra amparado en el art.14 bis de la Constitución Nacional; que las medidas de fuerza son en reclamo de una mejora salarial en virtud de que los magros salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas; aludió a la colisión con otros derechos e interesó en definitiva, el rechazo de la acción.

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Planteó la inadmisibilidad de la vía del amparo; afirmó que existen otras vías como las paritarias establecidas en la Ley 9624; señaló que no existe ilegitimidad en la medida dispuesta; que se motiva en que los docentes reclaman un salario de $ 2.400 y que la propuesta salarial gubernamental sólo asciende a $ 1.108 y también en los serios problemas edilicios de las escuelas. Que la demanda debió presentarse contra el Estado Provincial y el CGE que deben garantizar el derecho de aprender. Reconoció que los niños tienen derecho de aprender pero también los docentes de enseñar y que es el Estado el que no respeta la Constitución. Sostuvo que no existe una pugna entre el derecho de huelga y el derecho de aprender sino que ese derecho de aprender no lo sea en condiciones indignas ni inseguras.

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Se refirió a los porcentajes de modificación del salario docente, que el Estado es el único responsable; que la propuesta salarial es insuficiente y pidió que se rechace la acción.

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Reconocieron el derecho de aprender de los niños, el derecho constitucional de huelga de los gremios pero sostuvieron que efectuaron todos los esfuerzos posibles para intentar conciliar y como respuesta de los gremios han obtenido sólo rechazo sin más, manteniendo y multiplicando las medidas de fuerza. Relataron que el Estado Provincial ha cumplido con el pago de haberes de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y acompañaron un informe del Coordinador de Liquidaciones del CGE.

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