Los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y la madre de ellos, Leonor Barbero Marcial, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados por delitos de extorsión y violencia económica contra Dolores Etchevehere.
Los integrantes del clan empresario deberán comparecer en el marco de una investigación que surgió a raíz de una denuncia promovida por Dolores Etchevehere vinculada con supuestos hechos de violencia económica que habría sufrido tras la muerte de su padre.
En 2020, Dolores Etchevehere denunció a sus hermanos y a su madre por delitos de extorsión y violencia económica. Lo hizo ante el fiscal Federico Delgado, quien le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y luego remitió las actuaciones a la Justicia Federal de Paraná, por considerar que los hechos habrían ocurrido en Entre Ríos y que los denunciados viven y tienen su patrimonio en la provincia, donde además tramita el irresuelto expediente sucesorio.
Se trata de una causa que se inició a partir de la denuncia realizada por Dolores Etchevehere, patrocinada por sus abogados Facundo Taboada y Juan Grabois, el 15 de octubre de 2020, el día en que irrumpió con el Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva, en cercanías de Santa Elena.
Por ese episodio fue sometida a juicio, acusada por el delito de usurpación, junto con el abogado Taboada, y hace unos días el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, pidió que sean condenados a penas de un año y seis meses de prisión condicional. La sentencia se conocerá el próximo lunes en los tribunales de La Paz.
Respecto de la denuncia promovida por Dolores, el fiscal Delgado –fallecido en 2023– emitió un dictamen en el que resaltó que los Etchevehere la sometieron “a un mecanismo de intimación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.
Ese acuerdo privado de división de bienes fue uno de los argumentos utilizados públicamente por la familia Etchevehere contra Dolores para solicitar el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva.
El fiscal señaló que ese acuerdo privado de división de bienes “no surtió efectos jurídicos” y agregó que “Dolores no recibió dinero y no integra el grupo de personas que administra los bienes sucesorios que aún no se distribuyeron”.
Los Etchevehere argumentan que Dolores cedió las acciones que había heredado en Las Margaritas SA, el conglomerado productivo de la familia, a la firma Mirus SA. Sin embargo, el fiscal advirtió que el documento carece de validez porque ella no se encontraba en Paraná –donde se habría firmado el acuerdo– en esa fecha, sino que se encontraba en Buenos Aires, según los datos de localización de su teléfono celular.
En la continuidad del proceso, el fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, que tenía delegada la investigación, solicitó el levantamiento del secreto bancario de Dolores Etchevehere, lo que permitió a la Policía Federal elaborar un informe financiero que reveló que no ha recibido ningún pago correspondiente a su parte de la herencia, pese a lo afirmado por los denunciados.
Hace unos días atrás, Dolores Etchevehere habló del asunto en una entrevista con Radio Costa Paraná: “Me han estudiado, desde que murió mi padre hasta hoy, todos mis movimientos bancarios, de punta a punta, hasta el último detalle, y no encontraron ni una transacción comercial realizada entre mi persona y los bienes que dejó mi padre. De las empresas que mi padre dejó, no hay ninguna transacción económica entre ninguno de los campos que eran de mi padre, y, anteriormente, de mi abuelo. No hay un depósito de ningún dividendo en estos dieciséis años que esta sucesión está indivisa”, dijo.
Además, quedó ratificado en un informe técnico sobre la geolocalización de antenas de telefonía celular que, el día en que supuestamente se habría firmado un acuerdo en Paraná, tanto Dolores como su abogado se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires, lo que permite inferir que se habría utilizado documentación apócrifa.
Estos elementos constituyen la base de la imputación contra los integrantes del clan Etchevehere. Luis Miguel, ex funcionario macrista; y Sebastián, ex candidato a gobernador por La Libertad Avanza y actual titular de la delegación de Anses en Paraná, deberán comparecer el 2 de junio; en tanto, Juan Diego, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos; y la madre de ellos, fueron citados para el 3 de junio.
Informe: Juan Cruz Varela (Página Judicial)
Fuente: Página Política
