Otra vez, pero ahora con otro gobierno, el servicio de transporte público pone de rodillas a la ciudad de Paraná.
Otra vez, pero ahora con otro gobierno, se espera un alivio de Nación vía subsidio para garantizar un derecho.
Otra vez.
Los partidos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, le han encomendado a la misma empresa un servicio que está cada vez peor.
La gestión de Sergio Varisco llegó a tener un mes a la ciudad sin transporte urbano por decisión de la empresa que opera hace años en la ciudad: ERSA. Inflación, aumento de los combustibles, baja en los subsidios -aprobado en el Presupuesto 2019-, fue el coctel que puso de relieve la firma asociada con la Mariano Moreno para dejar las unidades en los galpones y la gente a pie.
El director de ERSA es Roberto Albisu, quien se volcó al sector privado luego de experimentar en el plano de la política al lado de Varisco, del que fue funcionario.
En 2016, al inicio de la gestión radical, Varisco anunció que no renovaría la concesión y que llamaría a licitación “después de 30 años” sin que ese procedimiento suceda. Albisu se enojó. O se hizo el enojado. Luego se presentó y ganó.
El servicio funcionó a base de incrementos en el boleto y enormes subsidios de Nación. Cualquier acuerdo que no convencía a la empresa, ésta terminaba reduciendo el número de colectivos o acortando recorridos. En resumen, el desacuerdo por la ganancia lo pagaba el usuario. Siempre.
En febrero del año pasado, cuando ya era insoportable el paro y el calor en las calles empapaba los atuendos de los transeúntes, circuló una foto en las redes sociales que mostraban al contador del Órgano Integral de Monitoreo y Control (SITU), Reinaldo Zamero con Albisu.
Una vez derrotado Varisco en elecciones desdobladas, el servicio de transporte volvió a verse resentido por larguísimos días.
Adán Bahl asumió el 10 de diciembre y el primer conflicto que tuvo fue el del transporte. Un paro de los colectiveros que llevó varios días. Mientras anunciaba que gestionaba subsidios en Nación, endilgaba el conflicto a un problema entre el sindicato y la empresa y que nada tenía que ver la Municipalidad, porque ya había saldado compromisos asumidos por su antecesor. La UTA había expresado días antes de las elecciones su apoyo al candidato peronista.
Los radicales, ahora en la vereda de enfrente, encontraron en una designación un argumento perfecto para pegar en despacho oficialista. Apuntaron a Sebastián Lischet, nombrado coordinador de Movilidad y Habilitaciones. Se trata del hijo de Marcelo, gerente general de ERSA, que a su vez también es empleado de la empresa.
El MST propone directamente estatizar el servicio. La idea es ignorada por las fuerzas mayoritarias de la ciudad que alegan “que no es tan fácil” y que esa consigna es “rimbombante” y fácil de enunciarla. Tienen razón. El contexto no sólo no está ni cerca de ser revolucionario, ni siquiera es reformista. En el servicio del transporte la foto que se vuelve a revelar es la del statu quo.
Un peronista con despacho en la Municipalidad se animó a pensar en la posibilidad de tomar el control de algunas líneas de colectivos a manos del Estado. Fue una reacción más de avergonzado ante la consulta de Página Política. Mientras tanto –comentó – esperan un subsidio de Nación. Obvio.
Quizás sea el momento que “la nueva normalidad” post pandemia no siente a los mismos en la misma mesa. Los intereses de los usuarios parecen no haber tenido en todo este tiempo un representante.
