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Los intendentes justicialistas quieren cuatro convencionales

El nucleamiento que reúne a 46 jefes comunales de la provincia quiere tener una fuerte presencia en la asamblea reformadora para dirigir la discusión sobre el nuevo régimen municipal. Pese a que el cargo de intendente es incompat

La Liga de Intendentes Justicialistas planteará el martes que viene un pedido formal al gobernador Jorge Busti para que en el armado de la lista de candidatos a convencionales constituyentes se incluyan cuatro representantes del sector. “Creemos que tenemos que tener una participación activa en la discusión del nuevo régimen municipal”, argumentó el presidente de la Liga, Eduardo Bonnin, tras un encuentro desarrollado ayer.

Los intendentes están impedidos de ser convencionales, pero muchos de ellos dejarán de serlo en diciembre y podrán participar de la Convención que tendrá su reunión inaugural el 22 de enero. Están, en este sentido, en las mismas condiciones que el gobernador Busti, que en diciembre deja el Ejecutivo para pasar a ser diputado provincial.
Pero, según explicó Bonnin, los cuatro representantes del sector no necesariamente deberían ser intendentes y “podrían ser personas que la Liga y la Agrupación de Intendentes Justicialistas designen”.

El número de cuatro candidatos obedece, según argumentó Bonnin, a que facilita la representación de los municipio de primera y segunda categoría “que son realidades muy distintas” y permite “respetar el cupo femenino” del 30 % en las listas.

EXPECTANTES. En cualquier caso, el pedido apunta a que los cuatro candidatos se ubiquen “dentro de los lugares expectantes de la lista”, es decir, con posibilidades ciertas de ocupar una banca en la Convención.

La asamblea reformadora está compuesta por 45 convencionales y la ley de convocatoria dispone que las bancas se distribuirán por un sistema proporcional (el D’Hont) de acuerdo a los votos obtenidos por cada partido. Si el PJ repite la elección del 18 de marzo se quedaría con el 46 % de las bancas. Pero si prospera la demanda de inconstitucionalidad presentada el jueves por la UCR para que se respete lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución, el PJ se quedaría con la mitad más uno de las bancas, el 51 %, 23 escaños.

Paradojas de la política, si la UCR obtiene una respuesta favorable a su planteo en el Superior Tribunal de Justicia aumentarían las chances de que los intendentes del PJ puedan contar con sus 4 representantes, en el caso, claro está, de que Busti les diga que sí. Y que todo funcione según lo previsto en el congreso del PJ del 30 de junio: que sin objeciones se delegue la decisión final del armado de la lista al Consejo Provincial.

INSTITUCIONAL. También quieren los intendentes hablar con Busti sobre asuntos de gestión. Entre ellos, uno de los que más preocupa: la política salarial que se dará el gobierno en este período —hasta diciembre— de demandas fundadas en el aumento del costo de vida. “En este período de transición queremos seguir una política salarial conjunta entre provincia y municipios”, dijo Bonnin a El Diario.

En la reunión de ayer se informó también sobre el proyecto con media sanción en Senadores de refinanciación de deudas en dólares, que la Cámara de Diputados convertirá en ley la semana próxima.

La iniciativa beneficia a casi 40 comunas y prevé la refinanciación de las deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2006, mediante la celebración de convenios individuales y voluntarios. El monto determinado como deuda consolidada en pesos podrá cancelarse en un máximo de 84 cuotas mensuales a partir del mes de enero de 2008 y con un interés sobre saldos del 6 % nominal anual.

Para ingresar en este programa, los municipios con acciones judiciales iniciadas deberán desistir de las mismas y en general se exigirá una evaluación de la capacidad de repago de las obligaciones y un seguimiento de la evolución de sus finanzas durante el periodo de tiempo establecido para la reprogramación de la deuda.

En otro orden los intendentes se pusieron al tanto de las condiciones para acceder al leasing del Nuevo Bersa que permitiría a los municipios acceder a maquinarias.

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