Transparencia, recorte al gasto político, gestos del poder que se presume que la sociedad espera volvieron a ser eje de la voz oficial. El gobernador Rogelio Frigerio volvió a darle prioridad a esta agenda en su segundo mensaje ante la Asamblea Legislativa, para la apertura del 146º período de sesiones ordinarias.
Bajo esta consigna, hay un paquete de leyes impulsado por el oficialismo. Logró aprobar la norma de Transparencia, consiguió el aval para poner fin a los gastos reservados, tuvo aval la Ley de Transición e incluso la Reforma Electoral que Frigerio suele incluir en el mismo conjunto de iniciativas que ostenta un reordenamiento global de la gestión de lo público.
Hay sin embargo dos propuestas del Ejecutivo que no logran salir a la luz y sobre las cuales insistió el Gobernador en su mensaje a los legisladores. Por un lado, la Ley de Ética Pública, que incluye un aspecto más candente para la agenda política como es la Ficha Limpia; por el otro, el proyecto que pone fin a la asignación de pensiones para los gobernadores y vicegobernadores, que integra un listado de causales para hacer caer los beneficios ya otorgados.
Ley de 1965
En abril se cumplirá un año de la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto, con el voto unánime del cuerpo. Fue girada a la Comisión de Legislación General previendo la derogación de la Ley 4.506 que desde 1965 prevé la pensión vitalicia para los gobernadores y vicegobernadores.
La norma fue impulsada en el gobierno radical de Carlos Contin. Fue derogada en dictadura, en 1971 y reimplantada en 1984 cuando también la Casa Gris estaba bajo signo radical, con la conducción de Sergio Montiel. Tuvo varios cambios a lo largo de la historia, entre otros el paso de la determinación del monto de la pensión del 75% al 82% del cargo en actividad.
Frigerio, en los fundamentos del proyecto que envió a la Legislatura, ni bien inició su gobierno, analiza el origen de la ley que se pretende derogar, consideró que la Constitución entrerriana fija pautas para la política previsional, apostando a los criterios de igualdad y censurando este tipo de beneficios. Advierte el gobernador además que la norma “no prevé que se deba acreditar sesenta años de edad; treinta años de antigüedad en el servicio; veinte años de aportes en regímenes de reciprocidad; entre otros extremos”, así como también toma nota de la falta de disposiciones respecto de las incompatibilidades con el cobro de la pensión.
Nombres y apellidos
Desde la bancada mayoritaria del peronismo, al momento de iniciarse el debate, se hizo saber que no se avalaría la propuesta sin consultas previas con los dirigentes de la fuerza que perciben o están en condiciones de solicitar el beneficio. En eso está el asunto.
El proyecto no toca los beneficios ya otorgados, salvo que se plantearan incompatibilidades como “la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales, de cualquiera de los regímenes vigentes; (y/o) la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral, contractual o las que sean consecuencia del ejercicio de cargos electivos; en el orden nacional, provincial, municipal o comunal; excepto las que correspondan al ejercicio de la docencia”.
El artículo 5 contempla la caducidad del beneficio en los casos de condena por delitos contra la administración pública y delitos contra el orden económico y financiero, entre otros. El ítem afecta, expresamente, al exgobernador Sergio Urribarri que apeló la condena en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. En el entorno del ex mandatario hicieron saber que no la cobra. También haría caer el beneficio si lo han tramitado los exvicegobernadores Domingo Daniel Rossi y Héctor Alanis, con condenas ratificadas por delitos de corrupción. En efecto, el proyecto contempla que “al dictarse la sentencia de segunda instancia o de quedar firme la de primera instancia, la misma será comunicada por el Juez o Tribunal interviniente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, para que proceda según lo establece la ley”.
“Es aplicable la caducidad cuando exista sentencia condenatoria coincidente en cámara revisora, asegurando el doble conforme en igual sentido; sin perjuicio de los recursos extraordinarios que pudieran corresponder. En caso de revocarse la sentencia condenatoria, el beneficio será restablecido en forma retroactiva”, prevé el texto cajoneado.
Ficha Limpia, en proyecto global
El otro asunto que reclamó Frigerio a los legisladores fue la sanción definitiva de la Ley de Ética en la Función Pública que incluye un capítulo con la Ficha Limpia, impidiendo ser candidatos a quienes tengan condena confirmada por delitos de corrupción.
“Espero que pueda aprobarse pronto, porque es una deuda que tiene la política con los entrerrianos”, reclamó el Gobernador que recordó que la iniciativa “incluye un régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses para que ningún funcionario público opere de los dos lados del mostrador. Incluye también la figura de Ficha Limpia y la obligación de presentar una declaración jurada al inicio y al finalizar el mandato, para que todos los entrerrianos sepan con cuánto patrimonio entramos a la función pública y con cuánto nos vamos. Los entrerrianos no podemos seguir esperando que se sancione esta ley tan esencial como ésta”, planteó el mandatario.
El proyecto fue aprobado en Diputados, en general, por todos los bloques, con algunas observaciones por parte de la bancada del peronismo, expuestas en el debate en el recinto.
En agosto fue girado el tema al Senado. Desde entonces, ni si ni no. Sigue en los cajones de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
“Una deuda con los entrerrianos”
La diputada radical Gabriela Lena defendió los proyectos que no han logrado convertirse en ley.
“La ley de Ética Pública y Ficha Limpia es una deuda pendiente de la política con los entrerrianos, una manda constitucional que tenemos pendiente hace muchísimo tiempo”, reclamó y señaló que “se pretende crear un régimen de incompatibilidades, una regulación respecto de obsequios y la obligación de presentar las declaraciones juradas al iniciar y al terminar el mandato”.
“El apartado de ficha limpia es no solo para cargos electivos sino también para los funcionarios. La doble condena en delitos muy concretos impide ocupar cargos públicos”, recordó la legisladora que preside una de las comisiones que tuvo en debate el proyecto en su paso por la Cámara baja.
Con respecto al fin de las pensiones para gobernador y vice, la consideró una iniciativa elemental “para lograr, nuevamente, el acercamiento de la política con la sociedad”.
