En los últimos días se conocieron dos episodios que concatenan el delito y la política. En este caso dos delitos menores vistos por el gran público como algo típico, que repudia a diario, y carcome el seno de las instituciones y organizaciones: la utilización de fondos públicos en beneficio personal.
La semana pasada, en juicio abreviado, Joaquín Oñativia fue condenado a 3 años de prisión condicional, multa y devolución de monto sustraído y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una denuncia por irregularidades en el cobro de subsidios que impulsó Laura Stratta el año pasado.
La vicegobernadora había efectuado como primer paso una presentación ante el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, luego de enterarse que supuestos beneficiarios de subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social cuando ella estaba al frente. El Tribunal de Cuentas advirtió que al momento de tener que justificarse la rendición, quienes debían cobrarlo no lo habían hecho.
El caso pasó del ámbito administrativo al Poder Judicial, como lo establece el procedimiento. Fue allí que el Ministerio Público Fiscal investigó el delito de peculado por 18 casos, cuya responsabilidad fue admitida por Oñativia, que ahora deberá devolver el monto de esos subsidios (240.000 pesos con intereses) que se quedó y una multa de 90.000 pesos. Además de realizar 96 horas de trabajo no remunerado en una institución de beneficencia.
La noticia no fue de gran trascendencia. El Poder Ejecutivo mostró que algunos resortes pueden ser una vía para salvaguardar la política. Aunque sea un mimo.
Este fin de semana una mujer fue detenida por la Policía a instancias de una denuncia anónima al 911. Fue interceptada cuando llevaba 22 tarjetas de débito del Banco Nación para cobrar la Asignación Universal por Hijo. La mujer, ante la requisa policial, se presentó como integrante del Movimiento Evita. Desde la fuerza así se informó a medios y así se publicó. La idea de una organización ligada al oficialismo asociada a planes sociales en una trama de características similares a la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura comenzó a cocinar un menú de anchoas para quienes tienen sed. ¿Y por qué no conectarlo con el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento que enfrenta la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche? Para los medios nacionales es una papa.
Desde la organización social debieron salir a explicar que la mujer no integra el Evita y que tampoco administra el acceso a un derecho que es otorgado por ley. Referentes estuvieron dos días enteros tratando de subsanar lo difundido por boca de un policía. Ante el fiscal Gonzalo Badano la detenida no había mencionado a la agrupación. Se terminó allanando la sede de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), sindicato del cual es tesorero el esposo de la mujer detenida. En el lugar funcionaba una financiera.
Pedro Galimberti ni titubeó. Con ironía se burló que en el natalicio de Evita, una agrupación con ese nombre, haya sido encontrada sospechada (o autora) de un hecho tan miserable como el que sí cometieron legisladores y hombres de la política sin que el Poder Judicial le pida explicaciones en la causa de corrupción más escandalosa de la historia, de la que se jactan haber investigado y por eso ser observados “por el poder político”.
Fuente: Página Política
