Asoma otro round entre el empresariado local y el gobierno provincial. Miguel Marizza, de la firma Caballi y una de las empresas que integra la Unión Temporal de Empresas que construía el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, reveló que se cayó la firma del convenio para el reinicio de las obras debido a “desidia de parte de quienes tienen que tomar decisiones”.
“Iniciamos la demanda contra el Estado, va a costar muchísimo más dinero y la obra no sé cuándo la van a tener, esa es la verdad”, se despachó el polémico empresario que tiene causas en la Justicia por supuestas irregularidades en la organización de la Cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014.
El empresario precisó que “ni el Gobernador de la provincia (Gustavo Bordet) ni el ministro de Obras Públicas (Luis Benedetto) han esclarecido cómo es la situación. En el mes de noviembre del año pasado la UTE de las empresas que construimos el Bicentenario de Gualeguaychú rescindió el hospital, después de que durante casi un año las obras estuvieran paradas de común acuerdo, porque el Gobierno nos debía certificados al no recibir fondos de Nación. En estos momentos, la obra está rescindida legalmente”, explicó en declaraciones a Radio Máxima. Y agregó: “Le hemos pedido al gobierno provincial que reciba la obra en el estado en que se encuentra y que ellos, en todo caso, dispongan continuarla como mejor deseen. Nos respondieron que lo que querían era proseguir, lo cual es una gran mentira. Se trata de una obra que está al 80 por ciento de realización, es verdad, pero hay una desidia en quienes deben decidir las cosas. En estos últimos dos meses, el expediente pasó por todo un proceso burocrático y hace dos semanas nos citaron a firmar el convenio para el reinicio de las obras”.
Un privilegiado
Marizza fue uno de los empresarios preferidos del poder en Entre Ríos. Pese a estar bajo la lupa judicial por numerosas contrataciones en las que se sospecha que fueron irregulares, hace un mes la Cámara de Diputados, tanto el bloque de Cambiemos como del peronismo, aprobó un proyecto que dispone la condonación de la deuda que los complejos termales mantienen con el Ente Regulador de los Recursos Termales de Entre Ríos (Errter), cuyo monto asciende a los 31 millones de pesos. Se trata del canon que los emprendimientos privados debían abonar al Estado y no lo hicieron durante años.
Como reveló oportunamente Página Política, uno de los beneficiarios de esta iniciativa legislativa, que aún aguarda la sanción definitiva del Senado, es Marizza, quien mantiene acciones en el Complejo Termal Vertiente de la Concordia.
Otro caso
Hace dos semanas se conoció que el gobierno provincial avanzaría también en una demanda judicial cuando Bordet se enteró que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú no iba a estar lista en octubre, como inicialmente se preveía.
Para el gobierno provincial no hay dudas de que la empresa Szczech & Szczech, cuyo presidente de Iván Szczech, es la responsable de que la planta no esté funcionando, puesto que las bombas que instaló serían de inferior calidad a la exigida en los pliegos. Y es por ello que el mandatario anunció que accionará judicialmente contra la firma. Desde el Gobierno desdramatizaron ante la consulta de Página Política, aunque aclararon: “No hay mucho para discutir. Se debe cumplir con lo que se firmó. Si se debe utilizar tal o cual material no es materia de discusión, sino de cumplimiento”.
Sin embargo, en el equipo técnico de la constructora dicen que las bombas cumplen con las exigencias. Es más, también amenazan con ir a tribunales para demandar al Estado.
Este conflicto por las bombas vino a frustrar las expectativas que convertían a octubre en el mes crucial, durante el cual finalmente el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) iba a tener la tan necesaria planta para el tratamiento de efluentes, una obra indispensable para combatir la contaminación que las industrias generan en la ciudad y que padecen todos los ciudadanos, sobre todos los vecinos del barrio Don Pedro, quienes se pusieron al frente del reclamo.
