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Más énfasis en los límites que en garantizar el derecho

Diputados ya tiene en estudio un proyecto de ley para reglamentar el derecho a la información pública que consagra el artículo 13 de la nueva Constitución. El texto pone más el acento en enmarcar el derecho que en g

El artículo 13º de la Constitución provincial reconoció “el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los Poderes u órganos, entes o empresas del Estado, Municipios, Comunas y Universidades”.

Fue clara la Constitución al señalar que “sólo mediante una ley puede restringirse (este derecho) en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información”.

Se prevé, además, que “la información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible”.

El primer proyecto de ley que se ha presentado para reglamentar este mandato constitucional, elaborado por un equipo de asesores que acompaña al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, desequilibra la balanza: pone más el acento en prever márgenes demasiado precisos al ejercicio del derecho, en detrimento de prescripciones concretas en materia de políticas de Estado que apunten a universalizar el acceso a la información pública.

Así, la mayoría de los artículos listan las condiciones en las que el Estado no está obligado a responder a una petición de información; repasa los requisitos para que la administración pueda declarar confidencial determinados datos; prevé las condiciones en las que un funcionario podrá pedir prórrogas para dar respuestas al derecho. Pero, a cambio, no hay previsiones respecto de cómo el Estado debe organizar la información con la que cuenta, o debe adecuarla al modo más sencillo de acceso público. Ni siquiera prevé darle rango de ley orgánica a los avances con los que ya se cuenta y respecto de los cuales un mandatario de turno podría dar marcha atrás como, por ejemplo, la publicación on line del boletín oficial.

De todos modos, el debate recién se inicia y, tal vez, en su devenir sea posible darle al derecho a la información la envergadura con la que logró plasmarlo la Convención Constituyente en la Carta Magna.

NNAAEl textoNNCC

El artículo 1º del texto reitera y enfatiza el reconocimiento del derecho, tal como lo hizo la Carta Magna. Lista, a su vez, todos los organismos del Estado, en sus tres poderes, obligados por la norma.

Luego, se define a la información pública como “todo conocimiento que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los órganos mencionados en el artículo 1º, o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa”.

En el artículo 3º se establecen las condiciones para solicitar información: “por escrito, con la identificación del requirente” que no deberá “acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones”. Se aclara que la solicitud “no implica la obligación de la administración de crear o producir información con la que no cuente (…), salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla”. Al respecto, vale decir que bien podría ser esta norma reglamentaria la que obligue al Estado a producir o procesar la información que refiere a la gestión de la cosa pública.

“El órgano requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado, o proveerla en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles administrativos”, se fija en el artículo 5º que, luego, se explaya en cuatro incisos que determinan las situaciones en las que el funcionario podrá disponer una prórroga fundada para cumplir con la obligación de informar.

NNAAMás condicionesNNCC

El artículo 6º también establece situaciones en las que el ejercicio del derecho no será posible: “El órgano o ente requerido sólo puede negarse a brindar la información solicitada si se verifica que ésta no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley”. Se añade que “no se considera denegatoria la respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, tienda a que el requirente modifique su pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento”. A su vez, el artículo 7º, obliga al funcionario a fundar por escrito la denegatoria del pedido.

Pese a que la Constitución es clara al afirmar que “sólo mediante una ley” puede restringirse el ejercicio del derecho, el artículo 9º habilita a normas de menor rango a afectarlo. Establece que “los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley, acordada, decreto o resolución ministerial, nacional o provincial, así lo establezca”.

También está prevista una respuesta negativa a un pedido de información cuando se trate de información vinculada a “seguridad, defensa o política exterior”; cuando se trate de “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos (…) que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere”; cuando sea posible afectar “los derechos o intereses legítimos de un tercero”; entre otras causas.

NNAALuz AlcainNNCC
NNAADe la Redacción de Página PolíticaNNCC

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