La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a las modificaciones que propuso el Poder Ejecutivo al instituto de Juicio por Jurados. Fue con voto dividido en el PJ, que en un principio del debate legislativo parecía oponerse en su totalidad. También La Libertad Avanza se mostró dividida.
La iniciativa restringe los casos de intervención del jurado popular a los que suponen delitos con penas de más de 20 años de prisión. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aparece como promotor de la propuesta, ante la necesidad planteada de reducir los gastos que supone este instituto. Fue a su vez en el ámbito judicial donde se escucharon las críticas a la propuesta como las que expusieron la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, el Instituto de Derecho Penal y la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), y el Instituto Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Fundamentos
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gabriela Lena, fue quien fundamentó la iniciativa: “La modificación de los artículos 2, 46 y 96 no vulnera el espíritu de la ley, sino que permite operativizar el sistema”.
Tras brindar precisiones sobre las reformas, sostuvo que “Entre Ríos junto a Buenos Aires y Córdoba fue pionera en la implementación de los juicios por jurados, pero el despliegue en la provincia ha sido muy lento”.
“Desde 2019 a 2025 solo se han realizado 50 juicios por jurados y el 80% de estos se concentraron en Paraná, Concordia y Gualeguaychú”, indicó la diputada y sostuvo que “hay más de 155 causas que están pendientes”, por lo que llevaría alrededor de cuatro años y medio ponerse al día y, sumando los nuevos, se generaría un cuello de botella importante”.
“El promedio de duración de un juicio por jurado duplica al de un juicio técnico y eso genera también un cuello de botella, gastos presupuestarios y una dilación del servicio de justicia, tanto para la víctimas como para los acusados”, añadió.
“Creemos que el Estado debe administrar los recursos humanos, técnicos y económicos de una manera responsable para garantizar el acceso a una justicia de calidad”, agregó Gabriela Lena.
Y enseguida aclaró que “esta ley no se está derogando, no se está vaciando un sistema de participación ciudadana, sino que se está garantizando un acceso eficaz para casos que son gravísimos”.
“Democratizar la justicia no es solo convocar al pueblo al estrado, democratizar la justicia es también garantizar que ese llamado sea real, posible, justo y sostenible”, destacó, por lo que remarcó: “Reafirmamos nuestra convicción con este sistema, pero con los ajustes necesarios para que sea un derecho efectivo y no una declamación vacía”.
“La Justicia no es un edificio, no es un expediente. La Justicia son las personas y este sistema tiene que estar pensado para ellas: para quienes juzgan, para quienes son juzgados y para todas aquellas personas que están esperando respuestas”, aseveró la diputada radical.
Otras miradas
Por su parte, la diputada justicialista Laura Stratta adelantó que el bloque iba a votar dividido porque hay “diversas miradas sobre el tema”. Mencionó que la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo un proyecto impulsado por Gustavo Bordet que “busca la sanción de la ley de jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene la norma, en contraposición con este proyecto que las restringe”.
“Es un Instituto demasiado joven para hacer una evaluación certera de su funcionamiento y plantear modificaciones”, enfatizó Stratta. De su bancada, votaron a favor del proyecto los legisladores Enrique Cresto y Sergio Castrillón.
Acompañó en general el diputado Carlos Damasco aunque, en particular, cuestionó alguna imposición para los empleadores de quienes actúen como jurados en la protección del puesto laboral.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, acompañó la propuesta del oficialismo, aunque rechazó el recorte de casos en los que interviene el instituto. Votó, de esa manera, en contra de lo que expresó su compañera de bancada, Débora Todoni en el recinto.
La diputada cuestionó con dureza la propuesta con media sanción: “Lejos de representar un avance, este proyecto supone un preocupante retroceso institucional. Esta es una discusión profunda sobre los cimientos de nuestra democracia y la esencia de la libertad ciudadana. Este proyecto atenta contra la división de poderes y mandas constitucionales. Sienta un precedente que podrá facilitar futuras intervenciones del ejecutivo en la autonomía judicial y la participación ciudadana”, advirtió la legisladora para quien “la participación popular en la administración de Justicia es una manifestación directa de la soberanía del pueblo”.
