Un esquema de promoción para aquellas prácticas que tienen “a la solidaridad como pilar para su funcionamiento” fue tratado y aprobado este martes por el Senado de la provincia. Se trata de propiciar a las organizaciones e iniciativa cuyo sentido “no es el del lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades”.
El texto, promovido por el Ejecutivo, fue girado a la Cámara baja donde la propuesta cuenta con el aval de los distintos bloques. Se crea un Registro de Efectores de la Economía Social, entidades y/o personas integrantes de estos sectores “que tendrán el acompañamiento del Estado para desarrollar sus actividades y mejorar con ello su calidad de vida”. “Desde esta norma de fondo se prevé también invitar a los Municipios y Comunas a la estandarización de las normas municipales referentes a la promoción de la Economía Social y a la adhesión a la norma que se impulsa para la provincia”, se anunció desde el Senado.
Fue el presidente del bloque oficialista, Enrique Cresto, quien destacó los objetivos “netamente justicialistas que encierra el proyecto”. Diferenció este tipo de medidas de las que primaban en los años 90. “Esto es una herramienta de transformación social, porque otorga a las personas de menores recursos la posibilidad de encontrar mejores oportunidades”, enfatizó.
Recordó la ley 9779 que adhirió a normas nacionales de inclusión y “que se emparenta en el tiempo con este proyecto, ya que en aquél entonces se avanzó pensando en la eximición de impuestos para desarrollar tareas productivas”. “No se llegó a la creación del Fondo, lo que intenta de manera superadora con el texto que ahora envió el Ejecutivo”, subrayó.
Cresto rescató el accionar del Estado “en estos nuevos tiempos que busca incorporar a las personas con menos posibilidades a un circuito productivo virtuoso”. Mencionó que se cambia la ley de contabilidad de la provincia para que “se puedan presentar a prestar servicios al Estado los efectores sociales”.
La iniciativa
El directorio del Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social contará con siete miembros, según lo prevé el texto girado ahora para su tratamiento en comisión.
Habrá aquí un representante por cada cámara legislativa y estará presidido por el ministro de Desarrollo Social. En esta instancia habrá un representante por los intendentes y tres por las organizaciones de la economía social. Todos ejercerán la función en carácter ad-honorem.
También en cada departamento se promoverá un espacio como este para promover el diálogo y fortalecer la aplicación de las políticas sociales a favor de las organizaciones intermedias.
Los representantes departamentales decidieron también que el Ministerio de Desarrollo Social podrá disponer de hasta el 10 % de los recursos que conforman el fondo que propone crear la ley.
Será para afrontar gastos de equipamiento y funcionamiento de las políticas públicas implementadas en el marco de la Economía Social. El texto original preveía que el monto para estos fines sería del 15 por ciento.
Objetivos
El programa que se plantea propone incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia social; promoviendo para ello formas de organización dirigidas a satisfacer necesidades sociales, mediante mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales.
Define como Economía Social al «conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, a su distribución, circulación, y consumo de modo asociativo o comunitario, realizadas por personas y/o entidades que están organizadas de modo económicamente equitativo, y que operan regidas por los principios de participación democrática en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social sobre el capital, y como productora y sostén para la soberanía alimentaria».
«Las prácticas tienen a la solidaridad como pilar para su funcionamiento, y su sentido no es el del lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades», se define.
El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación, debiendo fomentar y promover las actividades de la Economía Social, gestionando y proponiendo políticas públicas que desarrollen y potencien este segmento socioeconómico.
Los efectores de la Economía Social deberán «propiciar la democracia participativa y la autogestión; la práctica de la solidaridad; la justicia social y la inclusión, junto con el desarrollo local y el fomento del empleo», propone el texto.
Exención impositiva
Quienes sean parte del registro provincial de efectores y del nacional, se verán beneficiados con exención impositiva en los tributos provinciales de ingresos brutos y de sellos por las actividades que realicen en el marco que propone la ley, y se someterán para ello a cumplir con los procedimientos que establezca la Administradora Tributaria de Entre Ríos.
El proyecto define las obligaciones y alcances del desempeño del Ministerio de Desarrollo y además crea un Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social.
Desde esta instancia se tenderá a favorecer el diálogo político entre las organizaciones sociales y el Estado provincial, y el diseño y monitoreo de políticas tendientes al desarrollo de la economía social en la provincia.
Este Consejo conformará un directorio presidido por el Ministro de Desarrollo Social, representantes de las Cámaras, Intendencias y de las organizaciones. Además, para profundizar las prácticas en todo el territorio habrá en cada departamento un Consejo, también favorecedor del diálogo y para aportar al diseño de las políticas tendientes al desarrollo de la economía social.
