El juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, rechazó un pedido de recusación en el marco del expediente en el que un grupo de abogados pretende llevar al ámbito de esa jurisdicción la causa conocida como la de los “contratos truchos”. La noticia se conoció este martes.
Los peticionantes entendieron que el magistrado debía dar un paso al costado porque es yerno del abogado Julio Federik, que representa a sospechosos involucrados en la causa que se está investigando.
Sucede que la causa aún está en la Justicia provincial y el pedido de llevarla a la Justicia Federal la hizo un grupo de abogados en los que no está Federik.
“Del informe producido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos (en el cual rige un procedimiento penal acusatorio) surge que los senadores nacionales Pedro Guastavino y Sigrid Kunath cuyo representante legal –Dr. Julio Federik- se encuentra comprendido en el primer grado de afinidad con el suscripto, no son imputados y por lo tanto no han adquirido la calidad o rol de ‘parte’ como ‘sujeto procesal’, pues con ella recién se establece una relación jurídica sustancial concreta en relación al proceso judicial”, explicó Ríos en su resolución, a la que tuvo acceso Página Judicial.
La presentación la habían firmado Guillermo Vartorelli, José Velázquez, Leopoldo Cappa, Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces. Representan a Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Gustavo Pérez y un grupo de legisladores.
Los letrados pretenden que la causa pase a la Justicia Federal porque, el objeto de investigación, sería el financiamiento de la política. Es decir que se estaría, según la hipótesis de los letrados, ante una infracción electoral. No a una asociación ilicitita para desviar fondos públicos, entre otros delitos.
“Entiendo que es la Justicia Federal quien debe entender en la investigación, por hallarse amenazado el normal proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y la limpieza del mismo, en clara violación a las infracciones de la Ley 26.215 y en lo pertinente, a la Ley 26.571. En este sentido, todo imputado o sindicado tiene derecho a que intervenga un juez natural a los efectos de garantizar el debido proceso”. Ese es, en resumen, los fundamentos de la presentación que hicieron para sacarle la causa a la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche; y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.
Entre los elementos que esgrimieron aparece una planilla que surgió de un allanamiento donde legisladores, de la actual y la anterior gestión, habrían aportado montos al PJ.
El otro elemento en que se sustenta el andamiaje de la petición es en el caso que suscitó en provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año pasado. La alianza Cambiemos de ese distrito quedó bajo la lupa judicial cuando se reveló el escándalo de los “aportantes truchos”, gente que apareció en las planillas aportando sumas importantes de dinero, supuestamente, para la campaña. Se conoció que quienes estaban allí no solo no habían realizado ningún aporte, sino que ni siquiera sabían que estaban en esas planillas.
El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, decidió correr al juez Sebastián Casanello de la investigación penal y ordenó enviar el expediente a la Justicia Electoral de La Plata. De esa manera anuló una de las investigaciones por presunto lavado de dinero.
Lo cierto es que el fiscal Carlos García Escalada – según supo Página Judicial – decidió llevar adelante un par de medidas, lo que le da un grado de lógica a las pretensiones de los abogados.
