Guillermo Michel se refirió al proyecto de ley del Ejecutivo provincial que crea la Obra Social de Entre Ríos. “La técnica legislativa de introducir modificaciones es más vieja que la escarapela, es cambiar algo para que no cambie nada”, dijo en relación al planteo de senadores peronistas de proponer cambios al proyecto.
“Me tomé 15 días para reunirme con trabajadores e interiorizarme, leer bien la ley y el último balance publicado el 9 de mayo en el Boletín Oficial de los estados contables”, indicó el ex director de Aduanas.
Para Michel la iniciativa del gobierno provincial tiene una “matriz de creer que vienen a fundar Entre Ríos a partir de diciembre de 2023” y “lo que se hace con este proyecto es un retroceso de más de 30 años porque se vuelve a concentrar el manejo en el Poder Ejecutivo de turno”. “Quitarle esa herramienta a los trabajadores me parece un retroceso importante”, manifestó.
También consideró un retroceso para los afiliados “eliminar la cobertura para todo el grupo familiar, junto con el tema de las prestaciones que ahora vincula el nivel de prestaciones con el ingreso que tenga el trabajador”.
“Tardaron casi 12 meses en darse cuenta de que funcionaba mal porque la conducción estuvo trabajando codo a codo con Frigerio incluso antes de que asuma. Eso me resulta llamativo”, expresó.
El ex funcionario nacional, uno de los nombres para integrar la propuesta electoral, sostuvo: “Si uno mira los estados contables, en el cierre 2023 hubo una utilidad del instituto de más de 5 mil millones de pesos y luego se pasó a un déficit de 20 mil millones. Hay una explicación: son las políticas públicas del gobierno nacional con una brutal devaluación que disparó el precio de los medicamentos”.
“Si uno mira los balances desde el año 1997 hasta acá, nunca hubo una asistencia por parte del Estado provincial al Iosper”, dijo más adelante.
Y agregó: “Uno escucha al gobernador y sus funcionarios criticar la falta de fondos y después los legisladores aprueban todas las políticas y leyes del gobierno nacional. Hay una fuerte contradicción”.
Respecto del planteo de algunos dirigentes del PJ de introducir modificaciones al proyecto, afirmó: “No voy a ser políticamente correcto: lo que no tenemos que hacer como dirigentes políticos, sobre todo los que tienen el voto en la Cámara de Diputados y Senado, es faltarle el respeto a los trabajadores y a los votantes del espacio político peronista haciéndoles creer que vamos a estudiarlo y vamos a introducir modificaciones. La técnica legislativa de introducir modificaciones es más vieja que la escarapela, es cambiar algo para que no cambie nada. Este proyecto así como está tiene que ser rechazado”.
Según Michel, el gobierno provincial “tiene que llamar al diálogo a todos los sindicatos, legisladores, intendentes y hacer un proyecto nuevo y consensuado”. “Hay mucho costo en la conducción, entonces se reduce el sueldo. Pero venir con la visión fundacional de romper todo para atrás no es el camino”, añadió en declaraciones a Radio De La Plaza.
Por otro lado, Michel se refirió al “derrotero judicial” que podría generar la aprobación de la iniciativa señalando que “cuando las cosas se hacen técnicamente mal, hay que ver cómo la Justicia resuelve las inconsistencias legales de los proyectos de ley. Esto vuelve a generar una fuerte incertidumbre jurídica”. Y completó: “Que pasen a estar unos pocos gremios representados en el directorio no es razonable, no es justo”.
“El interventor demostró que necesita más tiempo para estudiar, no solo el funcionamiento del Iosper, sino también la idiosincrasia de los entrerrianos. Que se tomen seis meses y armen algo razonable”.
“En una decisión tan importante como es intervenir el Instituto para luego enviar un proyecto de ley, uno se imagina un estudio, actuaciones efectuadas, una carretilla de expedientes -para ser gráfico- que justifican la intervención. Hasta ahora no he visto ningún papel o expediente que diga por qué se está interviniendo”, dijo.
En esa línea, hizo alusión a las supuestas irregularidades señaladas por el gobierno provincial. “Los funcionarios públicos que hablan de delitos tienen que ir y presentarlo a la justicia inmediatamente porque es un deber. Que presenten las denuncias penales, que se investigue y la justicia intervenga”.
“Lo que hay que hacer es rechazar este proyecto de ley y llamar a una mesa de diálogo donde estén todos los sindicatos para hacer un proyecto consistente y coherente. No inventen este proyecto para hacerle creer a la gente que le va a mejorar la vida a los afiliados cuando en realidad lo que se quiere es concentrar en manos del poder ejecutivo de turno y tener la conducción con dos o tres amigos. Hagamos un proyecto de ley serio, donde estén representados todos los sectores”, concluyó.
Fuente: Página Política
