Horas antes de que comience el fin de semana largo y Martha Argerich ratifique su genialidad en Paraná, hubo noticias en el Poder Judicial. Cecilia Goyeneche estará a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. La designación de la procuradora adjunta al frente de ese organismo previsto en la Constitución puede tener varias lecturas.
Su nombramiento lo hizo su superior inmediato, Jorge Amilcar García, a través de una resolución interesante. Se atribuye, de manera poco clara, una facultad del Poder Ejecutivo como es la designación de un funcionario. Y además, en tono provocador, la enmarca con razón ante la falta de una ley que debe crear la Fiscalía Anticorrupción prevista en la carta magna. Otra vez la Legislatura en deuda con las mandas constitucionales.
Goyeneche coordinará el devenir de las causas de corrupción, tarea que ella misma le había asignado al fiscal auxiliar Gonzalo Badano cuando en la Procuración General corrieron a Santiago Brugo enviándolo a una fiscalía de menores. El joven Badano se iba a encargar casi con exclusividad de esos casos de impacto en la sociedad por estos tiempos, sobre todo en Casa de Gobierno. Sin embargo al poco tiempo apareció en los partes de prensa actuando en procedimientos de rutina. Daría la sensación que el objetivo era correr a Brugo. Una lástima, había avanzado y acreditado mucha prueba en las investigaciones que pesan sobre Sergio Urribarri, por citar un ejemplo.
La Fiscalía Anticorrupción estuvo prevista en el último parche que se le hizo a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pero los legisladores borraron ese artículo propuesto por García de un plumazo. El principal militante de no avanzar con la FA fue José Allende. Pues bien, ahora el procurador creó el organismo por las suyas. ¿Habrá algún reclamo de legisladores por la designación de Goyeneche al frente de un área que había sido impugnada por ellos mismos? ¿La creación del organismo cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo, sobre todo porque es quien debe aportar los fondos para esa estructura? Preguntas inquietantes.
Goyeneche tiene una formación técnica sólida y no se le conoce cercanías con la política. En rigor con el peronismo. No todo es exclusivamente jurídico cuando la Justicia debe encargarse de quienes administran o administraron el Estado. Tampoco todas las causas son iguales, aunque todos tengan que ser iguales ante la ley. Un repaso por lo que sucede a nivel nacional no deja dudas. Una anécdota: en una de las causas en la que se investiga a Urribarri, el ex gobernador fue llamado a indagatoria. No llegó a la hora citada y Goyeneche invitó a los fiscales que se retiren. Finalmente llegó Urribarri y García hizo volver a quienes debían interrogar al acusado. El presidente de la Cámara de Diputados fue imputado. Detalles y sutilezas de alguien que tiene una visión más allá del Código Procesal Penal. Igual, esas cosas se aprenden.
La otra noticia que se conoció el mismo día que la designaron a Goyeneche fue una posible conformación de la Cámara de Casación Penal en Concordia. El nombre que llamó la atención fue el de Guillermo Mulet. Su postulación corresponde al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según reconstruyó Página Judicial la candidatura de Mulet cuenta con el apoyo de una parte del alto cuerpo y Rogelio Frigerio, el poderoso ministro del Interior con notable injerencia en Entre Ríos.
Cerca del abogado que denunció a Urribarri, entre otros, confirmaron que el apoyo viene de Emilio Castrillón. El senador radical Raymundo Kisser lo puso entre comillas al confesar una charla con el vocal: “Le pareció muy bien”. Las fuentes ratificaron sus intenciones de asumir una silla en la cámara pronto a ponerse en funciones.
La elección de Mulet también es inquietante. Es un acérrimo enemigo del procurador García con quien deberá lidiar.
Goyeneche y Mulet deberán concursar sus cargos. Pero para eso falta tiempo. La política es más dinámica que la Justicia. Y requiere de movimientos más urgentes. En el 2019, antes de medio año, se votará en la provincia.
