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Niegan información sobre fondos para los partidos

El Tribunal de Cuentas negó una solicitud para conocer el destino que le habían dado los partidos políticos a los aportes realizado mediante decreto por el Poder Ejecutivo provincial antes de las elecciones del 18 de marzo pasado

La utilización de los fondos debía ser rendida por las fuerzas políticas ante el organismo de control, pero este obturó la posibilidad de que la ciudadanía pueda saber en qué se gastó el dinero que provino de recursos públicos alegando que brinda información “cuando corresponde legalmente y a quienes acrediten un interés legítimo”.

La presentación para obtener esa información fue realizada por la APF el 20 de septiembre pasado. La agencia inició un expediente en el Tribunal de Cuentas a los efectos de conocer qué destino habían tenido los fondos que el Ejecutivo provincial distribuyó entre las 53 fuerzas políticas que participaron del acto eleccionario del 18 de marzo, en el cual se eligieron autoridades provinciales.

En el pedido se citan como fundamentos del requerimiento fuentes de derecho internacional incorporadas a la Constitución Nacional “que reconocen al ciudadano el derecho a la información como un derecho humano”, según informó el propio medio que hizo la petición.

Entre éstas, se mencionaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19º postula que todo individuo tiene derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

También se recordó como base de sustentación del petitorio el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que consigna que toda persona tiene derecho a “buscar, recibir y difundir información de toda índole”, y asimismo la opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana, donde el tribunal continental sentenció que “quienes están bajo la protección de la Corte tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, ya que “las dos dimensiones mencionadas (la de expresión y la de investigación y búsqueda) de la libertad de expresión deben ser aseguradas simultáneamente”.

En orden a esto, se dejó constancia que la ley 12.908 (estatuto del periodista) garantiza a quienes se desempeñan profesionalmente en medios de comunicación el libre acceso “a toda fuente de información de interés público”, apuntándose también que, como define la Constitución nacional, los partidos políticos “son instituciones fundamentales del sistema democrático”.

Asimismo, se ilustraron los esfuerzos legales llevados a cabo en los últimos años para reglamentar el derecho a la información, indicando la existencia de una ley de derecho a la información ambiental y dos decretos, uno nacional (el 1172) y otro provincial (el 1169), que regulan esta facultad en sus respectivos ámbitos

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El 8 de octubre, un dictamen conjunto de los seis fiscales de cuentas del Tribunal de Cuenta, luego respaldado por los integrantes del órgano de control, el presidente Hugo Alberto Molina y los vocales José Luis Gea Sánchez y José Alberto Miranda, sentenció que “este Tribunal de Cuentas brinda información cuando corresponde legalmente y a quienes acreditan un interés legítimo” y que por lo tanto “no corresponde brindarle la información interesada”.

A esta conclusión llegaron luego de entender de que el decreto 1169 dictado por el Ejecutivo provincial en 2005 “no es de aplicación en el ámbito de este organismo”, pese a que en la solicitud no se había hecho invocando esta norma.

El dictamen fue rubricado por los contadores Raúl Augusto Gaillard; Elvio Ramón Bordet; Estela Bovier de Henggi; Susana Martínez Lacabe; Irupé Rodríguez y Lucrecia Zuttión.

En consecuencia, los datos sobre qué partidos rindieron cuentas de los fondos públicos recibidos en febrero y qué hicieron con ellos permanecerán ocultos para la ciudadanía.

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El decreto 437 menciona que la UCR, el Frente Justicialista para la Victoria, el Frente para la Victoria y la Justicia Social y Recrear – Pro solicitaron fondos que les permitan “afrontar los gastos del acto comicial” del 18 de marzo, donde se eligieron gobernador y vice, intendentes y legisladores provinciales.

Por ello, el Ejecutivo repartió proporcionalmente 855 mil pesos entre las 53 fuerzas políticas que participaron de los comicios, cuya utilización deberían rendir ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Recientemente, y mediante otro decreto, el Gobierno dispuso dar a cada una de las 12 fuerzas que participan en la elección del 28, 33 mil pesos para la impresión de boletas.

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