Una mueva reforma constitucional apareció nuevamente en el libreto oficial. Se podría decir que es oficial porque quien habló de la necesidad de promoverla fue nada más ni nada menos que el vicegobernador José Cáceres. ¿Es quien transmite el pensamiento del gobierno? La respuesta es un no. Lo cierto es que el presidente del Senado habló y las especulaciones comenzaron a correr en la dirigencia oficialista. El tema, de todas maneras, no es de ahora.
Un grupo de dirigentes que forman parte del gobierno propusieron hace un tiempo a Sergio Urribarri reformar la Constitución aprobada en 2008. Uno de ellos fue el senador Enrique Cresto. El tema que los movilizaba y los moviliza a la mayoría de los que están detrás de una nueva convocatoria constituyente es lo que Cáceres explicitó sin vueltas: la supuesta proscripción de la cláusula de reelección para el gobernador e intendentes. Sin embargo, el mandatario se negó a esa aventura reformista y mucho menos en cuestiones electorales, por lo menos durante su mandato.
La cláusula de reelección fue impulsada por el presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti, cuando Urribarri desandaba su primer año de gobierno. Contó con el apoyo de todos los bloques. Ese punto en el oficialismo lo ven como algo a reformar. Fuentes de extrema confianza del gobernador confiaron a Página Política que las palabras de Cáceres son compartidas por buena parte del gobierno, pero también hay funcionarios que están trabajando en otros aspectos. Uno de los más entusiastas es el ministro de la Producción, Roberto Schunk.
El funcionario y economista no está estudiando en vano cuestiones ligadas a la autonomía de las comunas, por citar un ejemplo concreto. La idea de reformar la Constitución está en la agenda del oficialismo, pero no para llevarla adelante este año, confiaron dos hombres del gobierno a este medio.
La oposición puso de manifiesto sus cuestionamientos sobre la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente. La falta de reglamentación de los institutos creados, los procedimientos para el funcionamiento del Estado y la incorporación de los nuevos derechos en la de la Carta Magna de 2008 son los argumentos esgrimidos, pero no sería la dogmática el móvil de una nueva reforma, sino la política.
