El pedido para la realización de una consulta popular en simultáneo con la elección nacional no puede ser aprobado por el secretario electoral o el juez federal con competencia electoral, sino por la Cámara Nacional Electoral, lo que implica un trámite que lleva mucho tiempo. Eso es lo que no hay, de cara a las elecciones del 28 de octubre.
Por lo que pudo averiguar NNAAPágina PolíticaNNCC, la autorización que anunció el gobernador Jorge Busti ayer, durante la movilización en contra de los paros docentes, implica un pedido formal del Gobierno al juez, que debe analizar la situación para confeccionar luego un expediente que debe elevar a la Cámara, con la esperanza de que llegue a ser considerado en su primer acuerdo semanal.
El artículo 12º de la ley provincial de Consulta Popular establece que “deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días ni superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación del acto de convocatoria”. En consecuencia, el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 28 de agosto –el martes que viene- para convocarla, pero antes debe contar con la autorización de la Cámara Nacional Electoral.
A esta altura del proceso electoral, la única posibilidad de que la amenaza a los docentes proferida por el Gobernador se materialice es a partir de una alteración de los plazos legales.
Suponiendo que eso sea posible, todavía hay que resolver todo el aspecto operativo de la consulta. En la autorización para la consulta por la reforma constitucional que se efectuó en simultáneo con las elecciones de diputados nacionales del año 2005 –y que insumió un par de meses- la Cámara Nacional Electoral dijo que los fondos y los materiales para ese plebiscito debían ser provistos por la provincia.
Así las cosas, si en diez o quince días se aprobara un trámite de esta naturaleza, el Gobierno provincial debería adquirir todos los materiales necesarios para llevar adelante la consulta.
Para que lo dicho por Busti en el acto de este miércoles represente una amenaza real, el Gobierno debería organizar una mini elección en 60 días, algo que, para los entendidos en la materia, es imposible.
