Algo pasó, o la casualidad está al límite de lo sospechoso. El jueves pasado, un par de horas después de que se conozca la noticia que daba cuenta que el juez interino Eduardo Raúl Tomaselli fue denunciado en la Justicia por el pago de la cuota alimentaria, ingresaron al Senado una lista de decretos firmados por el gobernador Sergio Urribarri, con la excepción del polémico magistrado de Concordia.

La sesión se llevó adelante a las 11. En esa ocasión los senadores recibieron de la secretaria general del Ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar, fotocopias de los decretos 743/12, 744/12, 745/12, 746/12, 747/12, 748/12, 749/12, 750/12, 751/12, 752/12, 753/12, 754/12, 755/12, 756/12, 757/12, 758/12 y el 759/12.

En el pelotón sólo quedó afuera uno: el de Tomaselli
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El desconcierto en el ámbito legislativo aún es total. Senadores y empleados administrativos se limitaron a decir que no conocen por qué el decreto del cuestionado magistrado quedó, solo, afuera de la nómina. El envío de fotocopias de los decretos se suele hacer en tandas o todos juntos. La sospecha, en este caso, se suscitó porque sólo uno quedó afuera. Y no fue cualquiera, sino el del juez de Concordia.

“La información que se brindó a los senadores es la que hay. De Tomaselli no hay decreto”, contó a Haidar a Página Judicial.

Inesperado

El tema no es sencillo. Tomaselli es el candidato del gobernador para el Juzgado de Familia Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia luego de que al titular del Ejecutivo le llegue una terna con los tres mejores promedios del concurso desarrollado en el Consejo de la Magistratura. Urribarri, como lo establece el proceso, envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta el pliego para que allí se analice y luego el cuerpo le dé acuerdo en pleno. Estos pasos previos a la firma del decreto fueron transitados por el magistrado interino en el medio de críticas, apoyos e impugnaciones por haber permitido que se judicialice el caso del aborto no punible de la nena de 11 años violada y embarazada.

Una pregunta que surge en el ámbito legislativo es si el mandatario sabía de la presentación sobre un pedido de Jury ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde se denuncia a Tomaselli de no pagar la cuota alimentaria, como lo develó ese mismo jueves Página Judicial. ¿Debieron acercar esa acusación para ser sometida a análisis?

Las organizaciones sociales que impugnaron al juez aseguran que los senadores sabían de lo de la cuota alimentaria. Sin embargo en el Senado manifiestan que conocían del caso, pero a modo de “rumor”.

El otro interrogante es si – como sucede con los candidatos para cargos electivos – se solicita esa información al Registro de Deudores Alimentarios que depende de la Dirección de Asistencia a la Víctima.

“La ley electoral requiere de ese certificado, pero en la Justicia no, lo que no significa que para un caso especial se solicite”, explicó Haidar.
El secretario general del Consejo de la Magistratura, Gustavo Castiglioni, aclaró ante este medio que esa información no se solicita en el organismo que forma parte, ya que el mismo “tiene sus propios procedimientos de control. Son los postulantes y las organizaciones sociales e intermedias quienes tienen la posibilidad de presentar las impugnaciones que quieran”, apuntó. Sí se estableció en el reglamento interno del Consejo que quienes formen parte o constituyan un jurado evaluador se les solicite ese certificado.

En el Senado nunca se pidió pero por estas horas se analiza incorporar este requisito.