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“No nos convocaron, cuando fuimos unos de los promotores”

La crítica surgió, con razón, del estamento que representa a la sociedad civil en la integración del Consejo de la Magistratura. Una deuda sobre la participación ciudadana en los procesos de control sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Juan Pablo Cosso, convocó a casi todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, organismo por el cual se presentó un proyecto de reforma en su integración y funcionamiento.

Sin embargo, uno de los sectores que no fue convocado fueron los representantes de la sociedad civil. Las ONG, en la actualidad, ocupan dos lugares: Verónica Acuña y el ruralista Alfredo Bel. Sus suplentes son Jorge Guillermo Torres y la empresaria Patricia Popelka.

“No nos convocaron”, fue la primera expresión de Ricardo Sánchez, uno de los referentes de la asamblea de la sociedad civil en el organismo cuando se enteró por Página Política, que se había presentado un proyecto y luego que se había realizado una convocatoria.

El referente de CTA, que se desempeñó en tres oportunidades como consejero, se quejó por no haber tenido acceso al texto presentado por el bloque oficialista. Pero también por no haber sido convocado. “Llama la atención, porque el Consejo de la Magistratura fue un reclamo social en plena crisis del 2001. Que no nos hayan convocado cuando fuimos uno de los promotores en su momento para que esto se crea es muy raro”, insistió en declaraciones a Página Política.

El Consejo de la Magistratura, efectivamente, lo creó Jorge Busti al inicio de su tercera gestión en 2003. Quien tuvo participación activa en ese proceso de conformación del organismo fue el entonces secretario de Justicia, José Carlos Halle; y el referente de ATE, Edgardo Massarotti.

La CTA en la que se referencia Sánchez fue la que con más ahínco sostuvo la representación de la sociedad civil todos los años posteriores a la creación del Consejo. Silvina Calveyra, de ese espacio, participó también como consejera en varias oportunidades.

Las organizaciones no gubernamentales, por caso los gremios, ampliaron su participación en los últimos años. Los espacios que supieron tener los sindicatos más clásicos son ocupados hoy por entidades de otras características. En este caso por un referente de Federación Agraria como Bel; y por una integrante del Consejo Empresario de Entre Ríos, como Popelka.

Este estamento ocupa un lugar central en la tercera etapa en la que se evalúa a los postulantes para ingresar al Poder Judicial. Es en la entrevista personal donde el proceso se permite correrse de lo meramente técnico y jurídico para indagar sobre otro perfil del concursante. En las próximas horas habrá un posicionamiento sobre el proyecto.

El texto presentado por el oficialismo tiene el visto bueno en su mayoría, pero hay un punto crítico en el que coincidieron buena parte de los sectores: la nueva integración que se plantea en torno a la representación del Poder Ejecutivo que pasaría de uno a tres.

No obstante, desde el Gobierno adelantaron que la idea es que la iniciativa salga por consenso, lo que implica abrir la puerta para modificaciones.

 

Deuda y contradicción

El artículo 218 de la Constitución Provincial, reformada en 2008, establece que el instituto que juzgue a los funcionarios judiciales, es decir el Jurado de Enjuiciamiento, sea un cuerpo colegiado que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dos legisladores, cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la provincia y dos designados por organizaciones sociales “en representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema democrático y los derechos humanos”.

Estos dos últimos quedaron fuera de la integración den Jury porque la manda constitucional no se ha reglamentado.

El único interesado en que se reglamente la joven Constitución fue el propio Busti, quien había convocado a aquel proceso y presidió la Convención Constituyente. La Cámara de Diputados, con él como presidente, dio media sanción a un proyecto el 23 de septiembre de 2009, pero el Senado no le dio tratamiento. Ahí quedó el tema.

La falta de participación ciudadana en ese proceso que debe juzgar el comportamiento de un magistrado se contradice con lo que significó la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos. Éste nuevo instituto, del que se hablaba ya en la carta magna del ’33, recién fue puesto en marcha hace un año. La integración de la sociedad civil a estos procesos no puede ser desoído, menos aún, cuando las instituciones padecen una profunda mala valoración por parte del ciudadano que se profundiza al calor de la crisis.

Fuente: Página Política
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