
Nuevos borradores en debate para el destino del Iosper. Por un lado, ya tiene las firmas -todas de Juntos por Entre Ríos- el dictamen de las comisiones del Senado que evaluaron el proyecto de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). En este despacho mayoritario se incluyen las reformas ya anunciadas por el Ejecutivo, en voz del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.
Pero además, la Intersindical presentó un proyecto propio, tal como lo anunció en la explanada de Casa de Gobierno, luego de una marcha en contra de la desaparición del Iosper. El texto de la organización gremial propone un debate respecto de algunos puntos, sostiene el directorio por voto directo de los afiliados y pone como condición para discutir el tema una prórroga a la intervención cuyo vencimiento opera en junio.
Cambios en comisión
El dictamen del oficialismo, emanado de las comisiones de Legislación, Salud y Presupuesto, incluyó algunos aspectos ya anunciados.
En primer lugar, expresa claramente el carácter “solidario” del régimen de la institución: “La OSER será una institución de carácter solidario y no tendrá fines de lucro, cuya misión principal será garantizar el derecho a la salud de los afiliados y su grupo familiar”, se incluye como texto del artículo 1º. El párrafo incluye la expresión “grupo familiar” cuya ausencia en la apertura del texto generaba preocupación.
Se listan las prestaciones a garantizar por parte de la OSER en el artículo 2º que no discriminaba las mismas. Esta es la redacción que había impulsado UPCN e incluye “a. Asistencia odontológica; b. Asistencia farmacéutica; c. Servicios de laboratorios y auxiliares de la medicina; d. Internación en establecimientos sanitarios; e. Traslados por internaciones; f. Subsidios varios, conforme lo establezca la reglamentación; g. Las prestaciones médicas obligatorias (PMO) que establece la autoridad nacional”.
“Quedan expresamente excluidos de los beneficios de las prestaciones de salud y asistenciales, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales regidos por la Ley Nacional N°24.557. El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, establecerá las prestaciones y coberturas mínimas que deberán ser brindadas obligatoriamente por OSER”, se añade.
El dictamen agrega un síndico (habría dos en vez de uno solo). Estos funcionarios serán propuestos y elegidos por el Poder Legislativo, en vez de lo que se previó en la primera redacción, con un nombramiento a cargo del Ejecutivo.
Consejo Consultivo
Se integra un Consejo Consultivo, con la pretensión de reemplazar la representación que hoy tienen todos los agrupamientos de trabajadores en el directorio. Se dispone que OSER “contará con un Consejo Consultivo integrado por un representante del agrupamiento de activos del Poder Legislativo y Judicial; un representante del agrupamiento de activos de los trabajadores municipales; un representante del agrupamiento de activos y retirados de la Policía de Entre Ríos; y un representante del agrupamiento de empleados de la OSER; todos elegidos por sus pares”.
El consejo funcionará ad honorem y tendrá relación con el Directorio. Los miembros podrán participar de las reuniones “con voz, pero sin voto y su función será la de asesorar al organismo en aspectos de su incumbencia”.
Respecto de los vocales en representación del gremio mayoritario de estatales y de docentes, se amplió la antigüedad en el mandato a dos años.
Más tiempo
El texto de la Intersindical se trata de una reforma a la ley vigente del Iosper. Entre otros cambios “establece que los directores sólo podrán repetir su mandato por otro período de 4 años de forma continua o alternada”.
Además, fija “el nivel salarial del presidente y los directores, asimilándolos al de los demás entes autárquicos provinciales limitando sus salarios únicamente a la escala y modos previstos para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial”. Por otro lado, “establece la alternancia de los directores correspondientes al agrupamiento de empleados judiciales y legislativos”.
Contempla la Intersindical la posibilidad de que se puedan “incluir grupos de afiliados no obligatorios y las condiciones de financiamiento del servicio a prestar”. Además, incluye una serie de previsiones para la “prioridad de contratación” y la posibilidad de perder ese beneficio ante eventuales cortes de servicios por parte de prestadores.
Se fortalecen mecanismos de auditoría y control. “Los informes de auditoría serán elevados a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, a las presidencias de ambas cámaras legislativas, a la Comisión Fiscalizadora Permanente y al Poder Ejecutivo Provincial en forma directa. Asimismo, serán publicadas de modo que garantice el conocimiento de los afiliados de la Obra Social y asegure la transparencia de las decisiones del organismo”, se plantea en el borrador de la Intersindical.
Dado “lo exiguo de los plazos”, el proyecto dispone “la prórroga de la intervención por el término de otros 6 meses, por única vez” y prevé “la obligación de normalizar la obra social en ese periodo designando a sus autoridades mediante el esquema de compulsa electoral de los afiliados obligatorios por estamentos”.
Fuente: Página Política