Un operador judicial estima, sin precisión estadística, que durante la feria judicial tramitaron unos trescientos amparos contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER), solo en Paraná; una cifra exorbitante, comparada con años anteriores.
Se trata de reclamos promovidos por afiliados a la obra social para que garantice medicamentos, tratamientos de todo tipo, pagos a prestadores, restitución de niveles de cobertura y, principalmente, reintegros al colectivo de discapacidad: transportistas, docentes de apoyo, terapeutas, acompañantes, con facturas pendientes de pago desde septiembre en algunos casos. En Concordia, por ejemplo, se dictaron en enero una serie de sentencias concordantes en acciones de amparo obligando a OSER a brindar cobertura integral, gratuita y urgente de tratamientos en centros educativos terapéuticos y prestaciones complementarias para personas con discapacidad, bajo la modalidad de pago directo al prestador y sin sistema de reintegros. Un botón de muestra.
La percepción de los tribunales se ve corroborada con un informe elaborado por la agrupación UCR Activa, que pudo determinar que entre febrero y diciembre la obra social sufrió embargos por 15.224.338.973,76 millones de pesos, a razón de 83 millones de pesos por día, entre amparos y honorarios de los abogados litigantes.
En algunos casos, incluso, la judicialización multiplica erogaciones varias veces superiores a los reclamos no atendidos administrativamente, lo que conduce a una pregunta inevitable: ¿por qué se elige ese camino que pone en riesgo el sistema solidario de salud en la provincia? Antes la conducción sindical, ahora la nueva administración.
El informe de la agrupación interna del radicalismo entrerriano estima que lo abonado por embargos equivale al 15 por ciento de los aportes de los afiliados a la obra social. Eso los lleva a inferir que el nuevo esquema establecido “demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud”.
La obra social provincial brinda cobertura a 320 mil afiliados. En principio, tiene un plan de prestaciones mínimas, pero en los últimos años los jueces han considerado que ese programa médico obligatorio debe ser considerado como un “piso” para los beneficiarios y, en casi todos los casos, se repite como argumento que el derecho a la salud de las personas, interpretado en un sentido amplio, es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución. Esto significa que la obra social está obligada a proveer las prestaciones de salud en forma integral.
En algunos casos, la disputa se resuelve a través de mediaciones o llamadas telefónicas. En otros, la obra social rechaza un pedido, pero si el afiliado insiste por la vía administrativa se lo conceden, evitando la judicialización. Es lo que suele ocurrir con los tratamientos de alto costo. Pero a veces la disputa llega a los tribunales.
Desde UCR Activa señalaron que OSER fue creada “con la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y las deudas. Hoy esas promesas están incumplidas. La obra social ya no está intervenida: sus interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión”.
La agrupación interna del radicalismo entrerriano apuntó también contra los síndicos y contra el Poder Ejecutivo: “Una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y el aporte patronal del Estado no se transfieren en tiempo y forma a OSER, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería General de la Provincia como créditos contables. En ese esquema, OSER recibiría fondos a demanda, solo para cubrir embargos o urgencias, lo que ayudaría a explicar los incumplimientos reiterados y el mayor costo que termina pagando el afiliado”, se advirtió.
En ese contexto, el clima interno se vio enrarecido hace unos días, con el desplazamiento de tres profesionales de las áreas contables a agencias en barrios de la ciudad, fuera de la sede central, aduciendo lo establecido en la nueva estructura orgánica de la obra social y tras “analizar en profundidad las necesidades operativas”. Se trata de contadoras que venían desempeñándose como jefas de áreas de control y administración de recursos y que en su momento habían alzado la voz contra la creación de la nueva obra social. En las nuevas funciones tendrán tareas de atención al público y emisión de órdenes de consulta.
Sumado a ello, la diputada Lorena Arrozogaray (PJ-Gualeguaychú) presentó hace unos días un pedido de informes para conocer si la obra social había efectuado pagos a prestadores y/o proveedores que no acreditaron el libre deuda de impuestos provinciales.
Mientras tanto, desde la perspectiva de los afiliados, la reticencia a cubrir prestaciones complejas o costosas, con la consecuente judicialización, redunda en medicamentos que llegan tarde, tratamientos que se demoran y un deterioro en la calidad de vida de quienes tienen que atravesar el trance de una enfermedad.
(Informe de Juan Cruz Varela para Página Judicial)
Fuente: Página Política
