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Otro capítulo sobre la Ley de Ética Pública

Luego de la puesta en marcha de la nueva Constitución, la Cámara de Diputados no tardó en ponerse a trabajar en las leyes que reglamentarán los nuevos institutos, garantías y derechos. Las declaraciones juradas s&oa

La Ley de Ética Pública se convirtió en la gestión anterior de Jorge Busti en enunciado. Una serie de imprevistos, casualidades o intenciones terminaron impidiendo que saliera la norma. Ahora desde la Cámara de Diputados, el concordiense parece estar dispuesto a avanzar.

En el paquete de leyes para reglamentar los nuevos institutos, garantías y derechos consagrado en la Constitución, ingresado en la mesa de entrada de la Cámara baja este lunes, se incluye una iniciativa en este sentido.

La ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, “sin excepción”, a todos aquellos que se desempeñen en la función pública sin discriminación de niveles y jerarquías y en forma permanente o transitoria.

“Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado provincial o al servicio del Estado provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Así se define en su artículo primero.

En lo que respecta a las pautas de comportamiento del proyecto se destacan:

– No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales.

– Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan.

– Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados.

– Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado provincial para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa.

– Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan, los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.

– Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

Según se desprende del proyecto – al que tuvo acceso NNAAPágina PolíticaNNCC – las sanciones podrán graduarse conforme a la gravedad de los hechos, “desde apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, hasta inhabilitación temporal o absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público electivo o no”. La investigación no cesará en el caso que el investigado cese o renuncie al cargo.

Las declaraciones juradas serán de cumplimiento obligatorio para el gobernador y vicegobernador, legisladores, magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio Público, Defensor del Pueblo y los adjuntos; ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; el fiscal de Estado, el presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas, el contador General de la Provincia, el Tesorero General, el Escribano Mayor de Gobierno, el director General de Escuelas y los vocales del Consejo General de Educación y demás funcionarios que integren los órganos de control del sector público provincial; los miembros del Consejo de la Magistratura. También todos los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior que presten servicio en la administración pública centralizada o descentralizada, en las entidades autárquicas, en las obras sociales administradas por el Estado provincial, en las empresas del Estado provincial y en las sociedades del Estado provincial.

Las declaraciones quedarán depositadas en los respectivos organismos que deberán remitir, dentro de los 30 días, copia autenticada a la autoridad de aplicación que serán la Oficina Anticorrupción y las comisiones de Asuntos Constitucionales de las cámaras legislativas.

En el proyecto – a diferencia de iniciativas impulsadas anteriormente – la declaración jurada debe contener una nómina detallada de todos los bienes propios sólo del declarante; no de su cónyuge; y los que integren la sociedad conyugal.

En caso de que se incumpla con la presentación en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días.

La declaración jurada detallada tendrá carácter de “secreta” y sólo podrá ser abierta por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores, por decisión del juez competente o por requerimiento de la autoridad de aplicación.

NNAALarga esperaNNCC

Jorge Busti asumió su tercer mandato el 10 de diciembre de 2003 con ciertas premisas. Entre las primeras estuvieron, como una de las iniciativas más destacadas, la creación de la Oficina Anticorrupción. La misma vino aparejada con el certificado de defunción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), pero con la promesa de la creación de un Código de Ética Pública al que se adherirían los municipios.

Los lineamientos centrales del proyecto de ley de Ética Pública que el Ejecutivo remitió al Senado el 7 de noviembre del 2006, tuvo por fin establecer criterios mínimos de conducta para los representantes de los tres poderes del Estado y los organismos descentralizados. En rigor, uno de los puntos más sobresalientes y también polémicos fueron las modificaciones en el régimen vigente de declaraciones juradas y las incompatibilidades de los funcionarios. Con la remisión del proyecto a la Legislatura, el Ejecutivo dio cumplimiento a lo previsto en el Decreto 150/03, de creación de la OA, y a la Ley 9539, que disolvió la FIA y ratificó la creación del nuevo organismo. En ambas normas, vigentes desde el 25 de diciembre de 2003, se dispuso la remisión.

NNAADe la Redacción de Página PolíticaNNCC

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