La misma historia. Eso ocurrirá cuando el Senado se aboque a dar acuerdo al pliego del próximo tesorero de la provincia, luego de la renuncia de Gustavo Alejandro Gioria tras ventilarse la escandalosa estafa millonaria en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El procedimiento por el que se debe designar a ese funcionario es el mismo por el que se debía elegir el presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone. El ex ministro de Trabajo llegó al organismo de control con el sólo aval de la Cámara alta. De esa manera se dejó a un lado lo que dice la Constitución en su artículo 217 que establece que el funcionario debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”.

Esos parámetros debían ser establecidos mediante una ley que reglamente el artículo constitucional. No hay norma al respecto.

Con la designación del titular de la Tesorería General ocurrirá exactamente lo mismo: con el sólo acuerdo de los integrantes de ese cuerpo legislativo se designará al tesorero, que es quien recepciona la recaudación de los ingresos de la administración provincial y efectúa los pagos y las entregas de fondos, entre otras cosas.

Jactancias

Cuando la designación de Smaldone ingresó en el ámbito de la polémica, el presidente de la Comisión de Acuerdo y Asuntos Constitucionales del Senado, Aldo Ballestena, se jactó de haber aprobado los pliegos del tesorero, Gioria; y el contador de la provincia, Aurelio Miraglio, sin ley reglamentaria.

“No tengo herramientas para buscar una elección por un concurso público, hoy uno se maneja con lo que está. En definitiva, ese artículo no se ha reglamentado, ni el Ejecutivo por decreto o resolución lo ha llevado adelante, por lo que yo estoy habilitado a hacerlo de una manera”, apuntó el senador de La Paz. Sin titubeos explicitó el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y legisladores.

Los pliegos de Gioria y Miraglio tuvieron acuerdo en la sesión del 21 de junio de 2012. En esa ocasión se violentó el procedimiento de designación que manda la Constitución. La oposición no dijo nada por ese entonces. Ese silencio fue utilizado por el Ballestena en el caso Smaldone. Nadie dijo nada, que se vienen a quejar ahora endilgó el legislador en su gira mediática.

Desde 2009 hay un proyecto para reglamentar el Tribunal de Cuentas que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero duerme en el Senado. Lo mismo ocurre con una iniciativa de la Tesorería General.

A dos años de esa jornada y a seis de la reforma constitucional nada ha cambiado.