Félix Abelardo Pacayut se sentará el lunes en el banquillo de los acusados. Esta vez para enfrentar el juicio oral y público por la supuesta apropiación de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy. Los debates serán los días lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 9, se precisó a Pagina Política.
Una condena implicaría que deba cumplir la pena en la cárcel, ya que sobre el ex senador justicialista pesa una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 45 mil pesos por haber hecho pasar a su mujer por indigente para conseguir un título gratuito de una casa del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador, entre 1987 y 2003.
El nuevo juicio es más complejo por el supuesto daño al Estado. También hay tensión por las cosas que se puedan llegar a ventilar durante el debate. “Cuando llegue el momento del juicio, muchos se van a sorprender”, desafió el procesado oportunamente. Y agregó: “Gente que está en la función pública, hasta el día de hoy se solidariza conmigo”.
Quien supo ser el hombre fuerte del departamento Islas es muy duro con la Justicia. Cuando hace referencia al Poder Judicial no se mide. “Nunca nos aceptaron los peritos. En ninguna de las causas penales que tengo se investigó. Ninguno de los fiscales. Todos se limitaron a tomar la denuncia de (Oscar) Rovira”, opinó, haciendo referencia al ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que promovió la acusación en su contra.
En ambos casos, quien promovió las investigaciones fue la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tenía como titular a Oscar Rovira. La del ATN cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda Gobernación de Jorge Busti.
Nombres
A Pacayut lo juzgará la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Daniel Perotti y Daniel Malatesta –reemplaza a Miguel Ángel Giorgio–. La Fiscalía estará representada por Carolina Castagno. La defensa de Pacayut estará a cargo de Julio Federik.
En la causa se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares (hay estimaciones que hablan de 30 millones) producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento Islas, en el sur de la provincia. El delito por el que se acusa a Pacayut es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento Pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA.
La nómina de testigos – a la que tuvo acceso Página Judicial – incluye a dirigentes del justicialismo, pero también del radicalismo. En la lista de hombres y mujeres que pasarán por los tribunales están: el ex senador por Gualeguay, José Salim Jodor; el ex fiscal de Estado radical, Sergio Raúl Avero; Abel De Bueno; Néstor Méndez; Diana Grimber; Hugo Rodríguez; Osvaldo García; Miguel Escarles; Liliana Cuenca; y Daniel Stamponi.
En el expediente, además del ex senador, están involucrados su hermano Carlos Pacayut, Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras, que también estarán sentados en el banquillo de los acusados.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma de ese contrato, en 1998, Perfomar SA lo cedió a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.
