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Pagar Incentivo costaría $ 13 millones al año

Los docentes formalizaron ayer la presentación de 2 mil recursos administrativos. Daniel Elías, titular de la Caja, opinó que no es competencia de la provincia sino de la Nación el pago del Incentivo. En el Gobierno sosti

La provincia es sólo un “intermediario entre los fondos nacionales y los beneficiarios”, dijo el titular de la Caja de Jubilaciones.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia no es el ámbito para dirimir el reclamo planteado ayer formalmente por 2 mil jubilados docentes, que piden que le trasladen a sus salarios la parte proporcional del Fondo de Incentivo que perciben los activos, unos 110 pesos por cargo en forma mensual.

El titular del organismo, Daniel Elías, dijo que esa cuestión deberá resolverla la Nación, por cuanto fue en el Congreso Nacional que se aprobó en 1999 la Ley Nº 25.053, que dio forma al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). “La provincia es un mero agente pagador, intermediario entre los fondos nacionales y los beneficiarios”, señaló.

El Incentivo fue consecuencia de una protesta docente nacional que se inició el 2 de abril de 1997 con la instalación de la Carpa Blanca en Buenos Aires, frente al Congreso. En aquellos 1.003 días que duró ayunaron 1.380 docentes, y se consiguió que en 1999 se aprobara una ley con respaldo presupuestario para instrumentar el Fonid.

Pero hasta ahora, ese beneficio sólo alcanzó a los docentes activos, y dejó afuera a los 11 mil docentes pasivos en Entre Ríos. Aunque ayer los jubilados reclamaron que ese adicional también los incluya.

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Elías dijo que tras la presentación de los 2 mil recursos administrativos por los jubilados, en un alto del congreso provincial que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) celebró en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), serán analizados caso por caso.

“Si bien fue una presentación masiva, no dejan de ser reclamos individuales. Esto requiere de la Caja sacar de archivo uno por uno los expedientes de estos jubilados y darles curso. Así, queda entablado el reclamo en sede administrativa, con la competencia que le corresponde a la Caja”, subrayó.

Pero aclaró que no es competencia de la provincia resolver la cuestión de fondo. “Creemos que la provincia cumplió con la aplicación de esta ley. Es un mero agente pagador, intermediario entre los fondos nacionales y los beneficiarios. Y ese rol se cumplió. Pero a partir de esta presentación, se activarán las consultas, y pediremos opinión a organismos nacionales para avanzar en el análisis”, señaló.

Ese es un primer freno a la pretensión de los pasivos; el otro es de índole financiera: trasladar el pago del Fondo de Incentivo a los 11 pasivos del sector docente que hay en Entre Ríos tiene un costo de 950 mil pesos al mes, aproximadamente, y llega a los 13 millones de pesos al año, dijo Elías.

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En opinión del titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la ley de creación del Incentivo es poco clara respecto del carácter que reviste. “Quedan dudas si fue un adicional o un aumento lo que se creó. El artículo 13º habla de que es un adicional remunerativo. Pero solamente con alcance para los activos. Esto se desprende también del artículo 13º y del artículo 13º bis. En ningún momento incluyó a los jubilados”, aseguró Elías.

—¿Hay antecedentes de que se esté pagando ese beneficio a los pasivos en otras provincias?

—Se están empezando a ver los primeros movimientos en ese sentido. La Justicia todavía no se ha expedido sobre la cuestión de fondo. Como ocurrió aquí, se dijo que el amparo no es la vía para reclamar. Nosotros todavía no tenemos postura asumida sobre estos planteos que recibimos. Vamos a comenzar a analizar los elementos aportados, y a ponderar la ley nacional. Haremos consultas a organismos nacionales, porque es un tema que tiene un alto contenido político. Y a diez años de la conquista de este beneficio, algunos actores empiezan a darse cuenta que fue una conquista a medias.

—¿Qué podría resolver la Caja frente a este planteo?

—La provincia no puede tomar una decisión sobre un adicional que está instituido en una ley nacional, que tiene fondos específicos nacionales, debidamente presupuestados, y específicamente asignados. La provincia es una mera administradora de este adicional, y por eso tiene que dar intervención a organismos nacionales.

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EL secretario de jubilados de Agmer, Francisco Nessmann, anticipó ayer que los recursos administrativos que presentará la docencia ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones podrían superar los 4.000.

Ayer, cerca del mediodía, una movilización de pasivos fue el telón de fondo para hacer la presentación de los primeros 2.000 recursos, que fueron recibidos por el titular de la Caja, Daniel Elías.

Según Nessmann, “los 11.000 jubilados docentes están en condiciones de hacer la misma acción”. El dirigente explicó que “nos movilizamos hasta la Caja para ingresar 2.000 recursos administrativos más todos los que estamos registrando, ya que hay otros recursos a la espera, porque siguen llegando y hay que controlar que estén bien los papeles”.

Nessmann dijo que “el reconocimiento de la legalidad y justicia de nuestro reclamo está vigente; y en esto las autoridades provinciales no lo dicen abiertamente, pero si que hay que modificar la ley para que la Nación aporte los fondos”.

En ese contexto el gremialista explicó que “hay que modificar la ley nacional de incentivo docente, porque habla de remunerar, pero presupuestariamente la Nación no aporta para que sea trasladado a los jubilados”.

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