El equipo de gestión del decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, que conduce Gabriela Bergomás, hizo pública su postura respecto de la continuidad de la toma del edificio de calle Buenos Aires.

En un documento, las autoridades de la unidad académica tomada desde el 24 de agosto, se expresaron respecto del devenir del conflicto universitario y destacaron el rol de las tomas para visibilizar el reclamo salarial y por presupuesto para las universidades.

Para el equipo de gestión, cambió el escenario sustancialmente con la decisión de tres de las cuatro agrupaciones estudiantiles de sacarle el cuerpo a la toma. “Ante la decisión de tres de las cuatro agrupaciones (…) de no continuar formando parte de la toma, por considerar que la misma ya no constituye, en este momento, una herramienta válida de sostenimiento de la lucha, entendemos que ello la deslegitima tal como la había decidido el propio claustro estudiantil”.

Se advierte que además esta situación hace que la medida sea pasible de la “expresión pública de las críticas y disidencias desde los claustros docentes y PAyS (personal administrativo y de servicios) en contra de su continuidad”. “En este último tramo de la medida de fuerza surgieron malestares, tensiones y descalificaciones que observamos con honda preocupación, en la medida en que perturban la convivencia y la habitabilidad institucional. Como resultado de lo antedicho, desde el martes 18 sólo una agrupación junto a algunos estudiantes independientes continúan sosteniendo la medida en el edificio de Buenos Aires 389”, apuntó la gestión de Bergomás.

En este marco, apuntaron que “en tanto responsables del funcionamiento institucional” dejan expresa “claramente la voluntad de garantizar los derechos de aprender, de enseñar y a trabajar en condiciones para que los distintos sectores puedan expresarse en la pluralidad de voces que nos caracterizan y al mismo tiempo habilitar los espacios para el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión”. Se remarcó que tal postura “no supone abandonar la lucha por la defensa de la Universidad Pública y de la Educación Superior como un derecho humano universal y deber indelegable del Estado”.

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