Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la provincia, fue el último consultado en la ronda abierta por las comisiones que tienen en debate el proyecto de reforma previsional.

Hizo saber que no intervino en la elaboración del texto legislativo enviado por el Ejecutivo. En primer lugar, dio cuenta de la demanda planteada por Entre Ríos ante la Corte Suprema para reclamar los fondos que adeuda Nación al sistema previsional provincial. Advirtió, de todos modos, que los montos adeudados no alcanzarían a compensar el 15% de déficit de la Caja de Jubilaciones.

En línea con lo que argumentaron otros varios especialistas, no sería viable sancionar una emergencia del sistema, que supone delegar atribuciones en el Ejecutivo respecto de los mayores aportes de los activos, sin una exhaustiva fijación de plazos y condiciones. Aún así, dejó de lado la posibilidad de descartar el par de artículos del proyecto que la imponen: “Sin ese paraguas, pierden fundamentos todas las restricciones”, advirtió.

El fiscal defendió la necesidad de la reforma. “La ley va a ayudar mucho. No es la armonización plena pero nos acercamos”, definió y enfatizó que los argumentos de Nación, para evitar el auxilio financiero al sistema previsional entrerriano, fue siempre “la falta de armonización” con el régimen de Anses.

Entre otros puntos del proyecto, en los que aconsejó prestar atención, mencionó que respecto del régimen de invalidez se enmarcan las certificaciones médicas en los criterios que contempla la ley nacional de jubilaciones. “No disiento con lo que se pretende sino con la técnica de aludir a la ley nacional. Puede ser discutible”, apuntó.

Planteó también la necesidad de revisar leyes y jurisprudencia respecto de, por un lado, la disposición que impide actualizar el haber por montos aportados con posterioridad al acceso al beneficio jubilatorio. Mencionó que hubo casos planteados de legisladores que accedieron a sus bancas luego de jubilados y pidieron su actualización en función de esos salarios que percibieron a lo largo de cuatro años. Se había planteado un “mínimo de 5 años” para eludir esos casos pero recordó que la exdiputada Mónica Torres reclamó judicialmente y se le hizo lugar.

También aconsejó dar precisiones al artículo del proyecto que contempla que esos jubilados puedan acceder a un cargo público, caso en el que se habilita la opción entre cobrar el haber o sostener el beneficio que otorga la Caja. Por la ley vigente, la jubilación se suspende. Recordó el caso del exfiscal Oscar Rovira que optó por su jubilación y percibió viáticos, lo que derivó en un juicio en su contra.

 

Ecos del pasado

La conversación con el fiscal derivó en fuertes cruces entre los legisladores de oficialismo y oposición. El más visiblemente molesto fue Gustavo Vergara, el senador de Juntos que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego de dos o tres intervenciones de los senadores del peronismo, Vergara exclamó: “A todos estos desaguisados alguien los hizo. Quiero saber si pedían entonces un estudio actuarial como lo piden ahora para saber el impacto de lo que hacían”. El cruce persistió unos minutos, se fueron tirando culpas por unas y otras medidas que han impactado en la Caja de Jubilaciones, la jubilación de los empleados del Banco, el enganche de haberes del Poder Judicial, entre otras. También se mencionó la cesión de fondos a Nación para financiar el sistema previsional. La réplica no se hizo esperar: “Moine es asesor de este gobierno”.

Luego del encuentro con Rodríguez Signes los senadores continuaron la reunión de comisión conjunta. Tras haber culminado la ronda de expositores con el cronograma de trabajo pautado, desde el bloque de Juntos por Entre Ríos manifestaron que se encuentran en “proceso de revisión del proyecto” y propusieron la realización de una nueva reunión de comisión para el martes próximo, 7 de julio por la mañana, para avanzar con la emisión de un dictamen. Desde el bloque Más para Entre Ríos comunicaron que tendrán un diálogo interno para tomar postura.

Fuente: Página Política