Dos periodistas de El Diario de Paraná se presentaron en sede judicial tras ser víctimas de hostigamientos y amedrentamientos por parte de desconocidos. Los trabajadores de prensa vienen advirtiendo hace dos semanas que son seguidos por desconocidos en la vía pública en lo que consideran que se trata de una clara acción intimidatoria.
Las víctimas de estas prácticas ilegales no tienen ni tuvieron alguna exposición pública más que las manifestaciones que trabajadores de ese matutino llevaron adelante durante dos meses en reclamo de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Número 541/08, homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Las protestas por la aplicabilidad del convenio/ley en Entre Ríos –que tuvieron el acompañamiento de trabajadores de otras empresas periodísticas de Paraná y otras localidades de la provincia, como también diferentes expresiones de distintos sectores gremiales y sociales– se prolongó durante varias semanas llegando el conflicto a su máxima tensión cuando la empresa decidió despedir a dos periodistas que, luego en un “acuerdo de pacificación”, fueron reincorporados.
Lo cierto es que luego de ese “acuerdo de pacificación” dos periodistas comenzaron a ser amedrentados. Uno de ellos –cuya identidad se preserva– contó a Página Judicial haber “detectado” en el desconocido que lo viene siguiendo una clara actitud de hacerle saber que lo está intimidando. Un vecino, incluso, le comentó que durante toda una noche un hombre arriba de un auto se estacionó en la puerta de su domicilio.
En ese plan de hostigamiento, uno de ellos también viene recibiendo diariamente en su domicilio llamadas telefónicas a distintas horas por parte de personas que cortan apenas alguien responde al otro lado de la línea.
Denuncia y reuniones
Las víctimas se presentaron a la Justicia y narraron cada una de las situaciones que les ha tocado vivir. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 8, a cargo de Elisa Zilli. El fiscal que actúa es Juan Francisco Ramírez Montrull.
Del mismo modo, los trabajadores expusieron la situación ante el Directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa editora de El Diario, a través de una nota en la que describen “esta inconcebible situación” que los llevó a “exhortar a las instituciones y sus responsables correspondientes a que investiguen el origen de estos hechos para determinar quiénes son los responsables, que puedan ser penados si correspondiese y cesen estas acciones ilegales e intimidatorias”.
Asimismo, la información llegó a oídos del ministro de Gobierno, Adán Bahl, quien le solicitó al jefe de la Policía, Héctor Massuh, que convoque a los trabajadores que están siendo objeto de las intimidaciones. El encuentro, del que también participó el director del área de Investigaciones, Luis Albarrasín, se produjo este miércoles –casualmente– unas horas antes de que los periodistas de El Diario se reunieran en asamblea para analizar el tema. Inclusive llamó la atención en la Redacción del matutino la urgencia con la que autoridades de la fuerza policial llamaron a los periodistas.
Si bien hasta el momento son dos los trabajadores que se han percatado de que están siendo seguidos por desconocidos, no se descarta que se estén llevando adelante estas prácticas ilegales con otros periodistas.
Conflicto
La Sala Número 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) debe expedirse sobre dos casos en los que se reclama la aplicabilidad del Convenio Colectivo de Trabajo Número 541/08 en la provincia. Ello es así porque el lunes pasado se dio por fracasada y finalizada la instancia de conciliación convocada la sala que integran Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo y Germán Carlomagno, en el marco del conflicto que puso a los trabajadores a reclamar en las calles.
Las movilizaciones de los trabajadores de prensa, primero frente a tribunales y luego en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, comenzaron a darse cuando a los periodistas les llegó el dato de una inminente sentencia desfavorable, pese a dos fallos de cámara que ratifican la aplicabilidad del convenio colectivo en Entre Ríos.
Sectores políticos, gremiales, sociales y eclesiásticos se interiorizaron en el reclamo y también la Cámara de Diputados de la Nación se hizo eco del conflicto.
