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Pidieron que Trimarco y Díaz Bessone declaren por La Tapera

Los ex represores son considerados los principales responsables de la masacre de 1976.

Los abogados querellantes de la causa por la Masacre de la Tapera, ocurrida el 25 de setiembre de 1976 en Paraná, solicitaron a la Justicia Federal que llame a declarar a los ex represores Juan Carlos Ricardo Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone. Ambos eran autoridad del Ejército en la jurisdicción de Entre Ríos durante la represión ilegal de los 70.

En aquel hecho, que fue presentado en la época como un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad e integrantes de Montoneros, fueron asesinados los militantes Juan Alberto Beto Osuna y Carlos José María Fernández. Los restos de Osuna fueron recientemente identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y sepultados legalmente; mientras que los de Fernandez todavía son buscados.

Los abogados querellantes Marcelo Baridón, Gamal Taleb y Marina Barbagelata, el Registro Único de la Verdad, organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas presentaron el pedido de indagatoria para los generales Díaz Bessone y Trimarco en el Juzgado Federal de Paraná. Por este motivo hicieron ayer una conferencia de prensa, en la que también recordaron a Osuna y Fernández a 31 años de la Masacre de La Tapera.

El entonces general Ramón Genaro Díaz Bessone se desempeñaba al momento del hecho como comandante del II Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario y con jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. El general Trimarco, en tanto, era subcomandante de la Brigada de Caballería Blindada II, con asiento en Paraná y jurisdicción en Entre Ríos.

Como tales, desde el retorno de la democracia se busca que se los juzgue por responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dichas jurisdicciones. La última vez que hubo declaraciones de funcionarios de la dictadura fue en 1985.

“Díaz Bessone y Trimarco, aunque no hayan sido ejecutores inmediatos de los asesinatos de Osuna y Fernández, fueron los responsables de impartir las órdenes y planear el secuestro y falsificar como enfrentamiento los asesinatos de los militantes”, dijo el abogado Taleb.

Además, los querellantes sostuvieron que en la causa –iniciada por el Registro Único de la Verdad– obran pruebas suficientes como para que la Justicia Federal llame “en un tiempo prudente” a declarar a los ex represores.

En la causa se acumulan las declaraciones de los familiares de Osuna y Fernández, que en su momento se entrevistaron con Trimarco y recibieron de éste la información de que los cadáveres habían sido enterrados clandestinamente en el cementerio municipal de Paraná. Además existen testimonios sobre los hechos ocurridos en la casa de calle Rondeau, donde se fraguó un enfrentamiento con 200 efectivos de las fuerzas conjuntas del Ejército, Policía federal y provincial; y la identificación de los restos de Beto Osuna.

En consecuencia, la indagatoria se pidió en función de “elementos claros y contundentes que demuestran que fue un simulacro donde hubo fuego unilateral”, dijo Barbagelata.

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