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Pidieron un año y seis meses para Massarotti

La existencia o no de criminalización de la protesta social y el contenido político ideológico de los hechos que se investigan fueron los ejes centrales del debate que se dio en la jornada de alegatos en el juicio oral y p&uacute

“Estamos juzgando un hecho ilícito, concreto y grave como es el daño, no a cualquier bien sino al edificio más representativo de la institucionalidad entrerriana”, comenzó su alegato la fiscal Cecilia Goyeneche en el juicio oral y público a Edgardo Massarotti y Pablo Sciortino, por Daño a los Bienes Públicos.

Tras marcar que el testimonio de varios de los testigos “estuvo fuertemente influenciado por contenidos ideológicos”, la fiscal apuntó, en su alegato, contra “la falacia argumental” que habría construido la defensa basada en el intento “de comparar la quema de la puerta de la Casa de Gobierno con hechos más graves como los homicidios ocurridos ese día”.

“Esto no mengua en nada, no incide sobre este hecho”, enfatizó la profesional dando pie a un debate que estructuraría toda la jornada de alegatos que se sucedió en la mañana de este lunes en la sala de audiencias de Tribunales repleta de militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

A partir de entonces, buena parte del alegato del fiscal y casi todo el planteo de la defensa estuvo centrado en poner en discusión si es adecuado, o no, hablar de “criminalización de la protesta social” y de la influencia o no del factor político ideológico en los hechos llevados a juicio.

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“Sostengo la acusación contra Edgardo Massarotti”, afirmó Goyeneche. “Está probado que Massarotti intervino como coautor de este hecho. Se probó que la manifestación, de alrededor de 300 personas, salió de la sede de ATE, en calle Colón, y se dirigió a la explanada de Casa de Gobierno”, repasó.

“Está probado que encabezaba la manifestación. Lo sostuvo el propio Massarotti”, dijo para luego sustentar su postura en los dichos de varios de los testigos. “Está probado que había un único funcionario policial (Marcelo Esquivel) al momento del hecho. Está probado que la manifestación fue muy corta, de no más de 30 minutos. Fue una manifestación relámpago declaró la testigo Alicia Alzugaray”, continuó.

Goyeneche dio por cierto que “se ubicaron las cubiertas sobre la explanada y sobre la puerta” lo que “derivó en la destrucción de la puerta, la mampostería, el marco, tras el uso de combustible. Llegan e inician el fuego”, repasó.

También tomó nota de que “se arrojaron piedras contra la autobomba de Bomberos y contra los agentes” que llegaron para apagar el incendio y que se “conformó un cerco humano” que habría impedido el accionar policial.

Consideró falaces los testimonios que dieron cuenta de que el incendio de cubiertas se dio lejos de la puerta donde “se alzaron llamas de hasta 5 metros”. En este sentido, señaló que las baldosas de la explanada se levantaron desde la puerta y hacia las escalinatas lo que probaría que fue allí donde se habrían ubicado las gomas.

Respecto de la consideración de Massarotti como coautor del hecho afirmó que “era asunto de Massarotti” la manifestación de ese día y que actuó “dentro de un colectivo” que llevó las cubiertas al lugar, que hizo un cerco alrededor de la puerta. “Pero no solo por eso, si no porque, y en esto me tomo de las palabras del propio Massarotti, en su rol de liderazgo, él hubiera podido evitar que esto sucediera como líder natural”.

Para finalizar, fue muy enfática Goyeneche al afirmar que la palabra “criminalización de la protesta social” está “muy de moda” para los medios pero “no debiera ser repetida en los tribunales porque no es una metodología adecuada para el proceso penal”.

Descartó que el hecho investigado pueda asociarse con “la desobediencia civil” que presumiría “la no violencia” lo que no se daría en este caso.

Consideró como agravantes que “el ilícito se de contra un bien público, sede de las autoridades”, que haya participado “un grupo importante” y el rol de Massarotti como “líder público”. A la vez, puso como atenuantes, “la alta conflictividad social” y el hecho que de “pasara tanto tiempo” para llegar al juicio.

La fiscal pidió un año y seis meses de prisión condicional para Massarotti y el curso de las actuaciones al agente fiscal en turno por el supuesto delito de falso testimonio en los casos de los testigos Rubén Pagliotto –que en una nota periodística desmiente su testimonio en el juicio-, Alejandro Sologuren –dirigente de ATE que imputó la quema al fallecido José Daniel Rodríguez-; y para el ex jefe de Policía Victoriano Ojeda que dijo ver los hechos desde una ventana de la Jefatura desde la cual es imposible observar la puerta de Casa de Gobierno.

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La defensa de Massarotti, a cargo de los doctores Marcelo Baridón y Rosario Romero, sostuvo que no había prueba ni testimonio certero del que se pudiera deducir la responsabilidad del dirigente sindical en el hecho que se le imputa.

Pero además defendió enfáticamente su pretensión de enmarcar la quema de la puerta de Casa de Gobierno en los hechos sucedidos ese día en la provincia gobernada por Sergio Montiel.

“La señora fiscal nos arengó a que no cayéramos en calificaciones ideológicas, no trajéramos la ideología a este juicio, tarea dificultosa, incluso para la fiscal que habla de los testigos del grupo de ATE y el otro grupo de testigos”, remarcó Baridón.

“Sostuvo que se trataba de una falacia argumental dar cuenta del contexto que circunscribió la protesta”, retomó el abogado que enfatizó: “Hace no sólo al derech de defensa sino a una valoración jurídica correcta y adecuada hacer historiografía, escudriñar cómo han acontecido los hechos”.

Baridón continuó: “Es imposible recortar la realidad, meterla en un frasco y sacar de eso una imputación”.

Luego de lo dicho, el defensor expuso largamente acerca de una serie de medidas adoptadas por el gobierno provincial que instalaron “una lógica de la adversidad, lógica del amigo, enemigo”. Enumeró, entre otros hechos, la Ley 9235 de cesantías que fue valorada como discriminatoria por el Inadi; el Decreto 21 que “ahogó financieramente a ATE”; el atraso en el pago de salarios; los bonos federales y “la prohibición de la protesta para el empleado público”.

“La criminalización de la protesta social existió, mal que le pese a la fiscal”, afirmó Baridón para luego repasar procesos contra empleados públicos y citar cifras brindadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales respecto de este fenómeno en el año 2001.

“Pretende la fiscal cerrar los ojos”, continuó el abogado que, entonces, repasó los titulares de los diarios de diciembre de 2001 que daban cuenta de los asaltos a los supermercados, de las detenciones, del aumento en un 300 por ciento de las consultas psiquiátricas, de los cortes de ruta en distintos puntos del país.

Yendo al hecho puntual de la manifestación que derivó en la quema de la puerta de Casa de Gobierno, Baridón defendió el derecho de “marchar de la Multisectorial” y enmarcó este derecho en “en el derecho de protesta que es una manifestación del derecho a la libre expresión”.

“¿Qué decide la Multisectorial? Decide marchar, marcha que obedecía básicamente a la feroz represión, a las dos muertes. Decide marchar como Martin Luther King en defensa de los grupos minoritarios de Estados Unidos; como Mahatma Gandhi en defensa del valor de la sal en contra del imperio Británico; como decidió marchar Mao Tse Tung en la larga marcha del pueblo chino; como decidió marchar el pueblo el 17 de octubre; como decidió marchar el pueblo uruguayo en el éxodo de Artigas”, manifestó Baridón que concluyó: “La marcha es una manifestación de disconformidad con lo que está pasando. Y lo que estaba pasando era sumamente grave. Van a protestar en el símbolo más emblemático del poder que es la Casa de Gobierno”.

Citó Baridón a dos autores, Roberto Gargarella y a Gregorio Badeni, para referir a la relevancia del derecho a la protesta “como fundamento de la estructura democrática” ala vez que marcó la “sobreprotección que debiera tenerse respecto del derecho de expresión”.

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Baridón repasó testimoniales que dan cuenta del modo en que se desarrolló la manifestación del 20 de diciembre de 2001. Remarcó que había entre 200 y 300 personas, que fue en el atardecer, que los manifestantes se identificaban con chalecos.

“¿Dónde se prendió el fuego? Se prendió en la escalinata”, afirmó Baridón para luego repasar testimonios en ese sentido.

“¿Dónde estaba Massarotti? Nadie lo ubica cerca del fuego nadie lo ve dando órdenes”, añadió Baridón para citar los testimonios que dieron cuenta de que “estaba lejos de la puerta” a la vez que subrayaron el rol “pacifista” del dirigente gremial en las manifestaciones.

“¿Qué hizo el Estado?”, apuntó el abogado para luego fustigar al gobierno de entonces por el modo en que se administraba el poder por esos días y, particularmente, la ausencia de órdenes a una policía desbordada el día 20 de diciembre. “Eran alrededor de 2000 o 2.500 agentes gobernadas por la Armada Brancaleone”

“El poder no se administra a la bartola, mucho menos en momentos de crisis”, levantó la voz Baridón que finalizó citando las declaraciones de Montiel luego del hecho cuando acusó a “las guerrillas” de incendiar la Casa de Gobierno, a la vez que les atribuye las muertes de la represión policial.

A su turno, la diputada Rosario Romero tomó la palabra en su rol de defensora de Massarotti. Dio cuenta de “los requisitos que no se cumplen” para atribuir al dirigente gremial el rol de “coautor” en el hecho llevado a tribunales.

Para la abogada “la fiscal construye una imputación difusa que no define un rol” a Massarotti en el delito.

“No hay una sola prueba de cargo que lo indique a Massarotti como autor del daño a la puerta de Casa de Gobierno. Refuto la construcción que realiza la fiscal del hecho. Selecciona de cada testimonial lo que abone su versión y deja de analizar el contexto y aspectos de los mismos testimonios. De este modo se construye la falacia que la fiscal atribuye a esta defensa”, afirmó Romero.

La abogada, luego, afirmó que si el juez encontrara prueba contra el dirigente, contra lo afirmado por la defensa, deberá realizar una “ponderación” de los bienes en juego ese día 20 de diciembre en un contexto en el que la marcha a Casa de Gobierno habría tenido por fin “evitar males mayores” como que continuara la represión, por ejemplo.

Comparó, entonces, el delito del daño contra el de homicidio (por la muerte de las víctimas de la represión); la propiedad y la vida.
Romero expuso acerca del derecho de resistencia contra el gobierno, lesionado por el estado de sitio y “por la matanza indiscriminada” que derivó en 30 víctimas en todo el país. “Muchos creyeron que había derecho de resistencia”, añadió la abogada.

Para la defensora, “la policía dejó que se quemara la puerta de Casa de Gobierno. Dejaron que se quemara porque tenía sobre sus espaldas las dos muertes; dejaron que ocurriera para cambiar los títulos de los diarios del día siguiente. No hubo ninguna actividad del Estado ni del Ministerio Público fiscal ante las muertes”.

Insistió luego, antes de pedir la absolución, con “la merituación de los bienes: los bienes y la vida”.

NNAADe la Redacción de Página PolíticaNNCC

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