Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado y hombre de extrema confianza de Sergio Urribarri, anunció que continuará luego del 10 de diciembre.
“No me voy en diciembre. El fiscal de Estado tiene estabilidad. Es cierto que hay una práctica de que cada gobernador tiene su fiscal de Estado. Pero es una práctica nociva para los intereses del Estado. En principio pienso continuar después de diciembre”, afirmó.
El fiscal de Estado, a quien se le suele atribuir deseos de pegar el salto a la Justicia, lo desmintió tajantemente. “Jamás tuvo visos de realidad la posibilidad de que yo fuera al Superior Tribunal. No ocuparía ese lugar. No creo que Urribarri me lo ofrezca y yo no creo que aceptara”.
En una extensa entrevista en los estudios de FM Litoral, durante el programa En el dos mil también, aseguró: “No soy parte de la mesa chica de Urribarri en las cuestiones políticas. Me convocan para las cuestiones específicas. No existe un grupo con el que el gobernador decida todas las cosas”.
Rodríguez Signes fue consultado acerca del polémico proyecto que crea la Sociedad del Estado en materia de Salud. “Tiene que ver con un pedido del PAMI, que financia la obra del hospital. Pasó que cuando se redactó el estatuto, se dieron competencias muy amplias. Hasta el contador general de la provincia formuló observaciones. Hoy el ministro de Salud redactó un nuevo decreto, aceptando las observaciones. Hubo un error inicial que se ha corregido”, señaló.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas es una de las cuentas pendientes del gobierno de Urribarri. Siempre en la mira, en la actual gestión el organismo de controlar estuvo en la agenda por unos días cuando fue designado al frente del mismo, Guillermo Smaldone. Se cuestionó, incluso en la Justicia, que su designación no haya sido mediante un concurso como lo establece la Constitución provincial reformada en 2008.
“Hay aspectos de la reforma constitucional que son difíciles de reglamentar. Es difícil tener una composición estable del Tribunal de Cuentas. Pero, ciertamente, la reglamentación del Tribunal de Cuentas es un asunto pendiente de la Constitución”, reconoció.
Más adelante, sostuvo no cree que “haya una sensación de descontrol de los funcionarios públicos. La función de la Oficina Anticorrupción no es otra que ayudar al Ministerio Público. Entre Ríos es una de las pocas provincias donde hay condenados por hechos de corrupción”, se jactó. Y abundó: “Los funcionarios le tienen miedo a los órganos de contralor de la provincia”.
Cargó contra el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) durante el gobierno de Sergio Montiel, Oscar Rovira. “Fue un hombre que avasalló todos los códigos procesales. No fue un hombre serio”, castigó.
Recordó su salida de la UCR: “A mí me echaron de radicalismo en 2002. Hice un juicio y obtuve la nulidad de aquella resolución. Pero nunca más pise la casa radical”.
Sobre los acueductos
“No hay secreto alguno en el caso de los acueductos. Los acueductos se deben hacer y se deben hacer bien, sin que quede ninguna duda para nadie. Se deben hacer, pero se ha complicado mucho porque hay un juicio de por medio. Ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia”.
Entrevista completa
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