Agmer convocó al paro los días 1, 2 y 3 de marzo.

Lo Último

Polémica por supuesta explotación laboral de bolivianos

Les habían prometido una paga de 250 pesos. La denuncia formulada por una mejor de 12 años un par de días atrás, derivó en una amplia investigación judicial, policial y de la Dirección de Trabajo.

La denuncia formulada por una mejor de 12 años un par de días atrás, derivó en una amplia investigación judicial, policial y de la Dirección de Trabajo que ayer determinó requisar una zona de huertas ubicada en el Brete de Paraná.

Allí se constataron severas irregularidades en la ocupación laboral de personas de nacionalidad boliviana, entre los que se encontraban menores. Además, se verificó un trato casi humillante, condiciones infrahumanas desde el punto de vista sanitario, alimenticio y laboral, según consignó Uno.

La semana pasada una niña de 12 años fue ubicada por la Policía corriendo por la ruta. Tras ser contenida fue puesta a resguardo de la Defensoría de Pobres y Menores. Allí, la niña boliviana aseguró al defensor Mario Gómez del Río que había tomado la determinación de escapar porque estaba cansada del maltrato de los mayores que la obligaban a trabajar la tierra de las huertas, cocinar, lavar y soportar el acoso sexual de un hombre encargado de trasladar a los bolivianos hacia esta parte de la Argentina.

Por el tenor de la denuncia se trabajó en forma coordinada entre la Justicia, la Policía y la Dirección Provincial de Trabajo, con el fin de realizar un operativo en la zona de quintas aledañas al Seminario de Paraná.

Personal policial de la Jefatura, al mando del comisario Hugo Miño, e inspectores de Trabajo, encabezados por Oscar Balla, recorrieron las instalaciones y constataron severas irregularidades con el trabajo de ocho bolivianos, entre ellos dos menores, los cuales se encontraban indocumentados y aparentemente sometidos a condiciones indignantes.
La gente vivía en una precaria casilla, sin chapas, y recubierta de lonas. La ausencia de agua corriente y sanitarios era notoria, lo mismo que la precariedad del resto de las instalaciones construidas con cañas y palos de espinillos.

La imagen similar a la vida de los indígenas del siglo XVIII se hizo actual en una huerta perteneciente a un empresario que cuenta con un puesto en un mercado concentrador de hortalizas de la zona.

Por otra parte, el dueño del campo, Hugo Brandolín, hizo su descargo sobre el episodio, y dijo: “El campo lo arrendé a un boliviano que nos pidió trabajar en el predio, por lo que él se hizo cargo de traer gente y trabajar el campo. De ese modo, no sé quién está, qué hacen y si están bien o mal ingresados al país”.

En tanto, el director de Trabajo de la Provincia, Oscar Balla, desmintió ante Apf la presencia de menores entre los ciudadanos de nacionalidad boliviana.

“Hicimos una inspección en la zona de quintas, en El Brete, donde constatamos que estaba trabajando personal boliviano levantando verduras. El lugar donde viven también dejaba muchísimo que desear y tenían una remuneración de 250 pesos por mes. Los trabajadores no tenían documentos en su poder, porque aparentemente los tenía la señora del encargado que decían que estaba en Santa Fe. Por lo tanto, la Policía los tuvo que trasladar para tomarles los datos y constatar que se trataba de las personas que decían ser”, sintetizó Balla.

Al mismo tiempo, aseguró que constataron la presencia de seis personas. “Había algunos que hacía un mes que estaban trabajando, otros un poco más, casi dos meses. Pero ellos mismos me contaron que anteriormente había otro grupo de gente que se había ido, por lo que parecería que hay como una especie de rotación”, explicó.

“La preocupación es que se decía que allí había menores pero no encontramos. Sólo hallamos a uno de los trabajadores que estaba con su señora y un chiquito en un lugar que no es para un ser humano”, ilustró Balla.

Además, en cuanto a la identidad del propietario, el funcionario precisó que se apellida Brandolín: “Este señor dice que tiene arrendadas las quintas a un señor boliviano desde hace tiempo, pero le requerimos documentación laboral”, añadió.

“No creo que esté inscripto ese personal por lo tanto tendrá sanciones nuestras. Por otro lado, la justicia y la Policía harán las averiguaciones correspondientes. Nosotros en principio aplicaremos la sanciones que prevé el Pacto Federal, que son económicas, pero a su vez también haremos los informes con la Jefatura Departamental a los demás organismos que creamos que pueden actuar”, finalizó Balla.

Claves

Notas más
leidas
© 2021 Página Política
Términos y Condiciones
Política de Privacidad