La provincialización de la represa Salto Grande es un reclamo histórico y multipartidario de Entre Ríos, así como también el derecho de los entrerrianos a pagar la energía más barata.

Basta recordar la sanción de la Ley Nacional 24.909 en 1997 que disponía dicha transferencia (y que fuera vetada por el entonces presidente), y la sanción inmediata de la Ley 24.954 de Excedentes, producto de un acuerdo político-económico entre las Provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con el Gobierno Nacional por el cual se reconocen los daños que ha causado la construcción de la Represa de Salto Grande, como así también los daños que causa la generación de la energía segundo a segundo. También en el año 1998 se sancionó la Ley provincial 9140 que creó la CAFESG para administrar dichos fondos, con el Senado de mayoría radical, esta norma manda expresamente a gestionar la provincialización de la generadora de energía construida en nuestra Provincia.

Hace 20 meses que el Gobierno Nacional no cumple con la Ley 24.954 al no remitir los fondos para resarcir los daños (a la salud, ambientales, erosión, tierras improductivas, etcétera) que provocó la represa desde su construcción, y mitigar los daños que nos causa al generar energía, sumado a la no ejecución de la obra inconclusa.

Además, es desde Nación que fijan las tarifas discriminando a las generadoras privadas de las públicas (como Salto Grande) con una tarifa para las públicas que no es real: hoy 240 pesos cuando el valor de mercado es de mínimo 1200 pesos. Inclusive las generadoras privadas perciben más de 1400 pesos. Y tanto Enersa como las Cooperativas Eléctricas entrerrianas la pagan 600 pesos.

Es decir no tenemos excedentes y menos regalías porque el Gobierno Nacional decidió fijar una tarifa para que no alcance, incumpliendo leyes nacionales y la Constitución Provincial.

No es lo mismo que nos paguen regalías el 12 por ciento de 240 pesos, que el 12 por ciento de 1400 pesos, y el perjuicio que le ocasiona a Entre Ríos, no solo a los Departamentos más afectados como Federación y Concordia, sino a todos los entrerrianos. Porque la Secretaría de Energía tiene menos recursos para el Fondo de Desarrollo Energético.

No nos cumplen con el pago de excedentes, nos pagan cinco veces menos el valor de las regalías y encima el Gobierno Provincial tiene que hacerse cargo del sueldo de los empleados de Cafesg y de los gastos operativos, a pesar que según la Ley el gobierno nacional tiene la obligación de enviar los fondos para el funcionamiento de ese organismo. La falta de funcionamiento de la Cafesg paraliza 5.000 puestos de trabajo en la obra pública que generaba directa e indirectamente y por las acciones de desarrollo regional en ocho departamentos de Entre Ríos.

Además, esta situación se agrava desde el momento en el que el Presidente sale a respaldar una provincia en detrimento de todas las demás, como lo hizo ante la demanda que Buenos Aires presentó en la Corte Suprema, sin respetar la división de poderes. Si el planteo de Buenos Aires es aceptado, Entre Ríos dejaría de percibir entre 3.500 y 4.100 millones de pesos menos por año y los Municipios 700 millones, que afectará claramente la prestación de servicios, la ejecución de obra pública y programas sociales para los entrerrianos más vulnerables.

Tampoco hay nuevas viviendas, siguen inaugurando las gestionadas por la “pesada herencia”, al igual que obras en territorio provincial, el 90 por ciento se realizan con recursos del Gobierno Provincial. No concluyen la autopista 18 que depende de Vialidad Nacional sin importarles los accidentes que ocurren y ocurrirán y las familias afectadas, entre tantos perjuicios a los entrerrianos. Sobre esto tampoco hablan los delegados de Macri, hoy candidatos a diputados nacionales por Entre Ríos.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet nos pidió el año pasado que presentemos un proyecto en el Senado entrerriano para volver a buscar consensos necesarios con todas las fuerzas políticas en reclamo de nuestros derechos. No sólo sobre la propiedad de la represa y poder comercializar la energía, sino al pago de las regalías por ocuparnos nuestro territorio, usarnos nuestros recursos naturales (el río y su energía), el pago de los excedentes y que se haga justicia con el histórico reclamo de pagar la energía eléctrica más barata.

Eso hicimos. El proyecto ingresó en diciembre de 2016. Le dimos difusión a principio del corriente año, realizamos reuniones con intendentes de todos los signos políticos, obtuvimos adhesiones de Concejos Deliberantes y finalmente se sancionó la Ley con el apoyo de Senadores del Frente Cambiemos.

Por eso a la pregunta ¿por qué ahora? Las respuestas son las mencionadas y detalladas, entre otras, son las que acompaña desde la sobriedad del estudio y desde el compromiso de la ética. ¿Por qué ahora? porque es un momento histórico y queremos vivir con lo nuestro como decía Aldo Ferrer, que nos valoren nuestros recursos naturales, un período crucial que exige soluciones innovadoras, proyectos superadores y una clara determinación institucional que redundará siempre en beneficios de los entrerrianos en su conjunto.

Este proceso que evidencia la verdadera voluntad política del gobernador Bordet de saldar una deuda histórica que la Nación tiene con el pueblo entrerriano; una búsqueda en la que nos gustaría contar con el apoyo sincero de nuestros pares de la oposición. Porque si algo nos tiene que unir, más allá de cualquier diferencia ideológica, es la defensa de los intereses y los derechos de los entrerrianos. Como dice un conocido refrán: no importa quién lleva el palo, lo que importa es la bandera.