Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó el proyecto del Ejecutivo municipal que fija un nuevo marco regulatorio del servicio de transporte público en la ciudad.
De esta manera, el gobierno de Rosario Romero apuesta a dar una solución a más largo plazo del nuevo conflicto planteado en el servicio de colectivos que este martes cumple 8 días sin prestaciones y con salarios adeudados a los trabajadores.
Mientras sesionaba el cuerpo, en extraordinarias, los colectiveros sostuvieron una protesta frente al municipio, impidiendo el tránsito en calle Corrientes, entre Urquiza y Andrés Pazos. Plantearon en ese marco la incertidumbre laboral del sector y el reclamo para que una eventual nueva prestataria del servicio garantice la continuidad de los empleados de Buses Paraná.
La nueva ordenanza impone al Departamento Ejecutivo la atribución de garantizar el servicio del transporte urbano de pasajeros “el que será prestado exclusivamente dentro del ejido de Paraná, por sí o a través de terceros” en condiciones de “seguridad, regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios”.
Contempla la posibilidad de otorgar “permisos precarios de explotación” del servicio en un plazo no mayor al año. De esta manera, se abre el camino a alternativas a una empresa que tiene contrato hasta diciembre de 2025.
“Hoy dada la gravedad que tiene la situación del transporte público de pasajeros y fundamentalmente la paralización del mismo, se decidió dotar al Departamento Ejecutivo Municipal con una herramienta que regule el transporte público en la ciudad, que mantenga los derechos y obligaciones, pero que fundamentalmente tenga una mayor flexibilidad para tomar medidas en la emergencia, e ir construyendo el marco normativo para una futura concesión”, defendió la iniciativa el jefe de la bancada oficialista, Enrique Ríos, que consideró que está planteada una situación de “crisis terminal” del servicio.
Por su parte, el edil Leandro Fernández, del bloque de Juntos por Entre Ríos, consideró “positivo” que la intendenta decida “ponerse al frente de esta problemática para encontrar una solución no solo a corto plazo sino buscar herramientas para resolver a mediano y largo plazo”. “La gente nos voto para dar solución a esto. Por el bien de los vecinos vamos a acompañar la iniciativa”, dijo.
Emergencia en Obra Pública
Previamente se aprobó el proyecto girado también por el Departamento Ejecutivo Municipal que declara “el estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras públicas en el ámbito de la ciudad de Paraná, por el término de un año, pudiendo prorrogarse por igual plazo si subsisten las razones que la han originado”. También por unanimidad.
La ordenanza sancionada “tiene por objeto revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas; y faculta al Departamento Ejecutivo a disponer unilateralmente o de común acuerdo, fundado en la presente y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente y que generen obligaciones a cargo de la Municipalidad, como así también, la suspensión o neutralización de los plazos de obra”.
Fuente: Página Política
