El artículo 87 de la Constitución Provincial dispone que el Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos debe integrarse por cinco miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ); un vocal del STJ; un juez de primera instancia de la capital provincial; el vicepresidente primero del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.
De los cinco miembros, dos son representantes del poder político. En este caso, del peronismo: Sergio Urribarri por la Cámara de Diputados, Aldo Ballestena por el Senado.
Pero además, da la especial casualidad que el presidente del STJ es un hombre de un alto perfil político identificado con el peronismo, que dejó huellas en la vida electoral entrerriana. Emilio Aroldo Eduardo Castrillón pasará a la historia electoral de Entre Ríos como autor de una de las leyes más cuestionadas por el conjunto del arco político. Como diputado provincial y a pedido del entonces gobernador Jorge Busti, el dirigente de La Paz redactó en 2006 la ley de internas abiertas y simultáneas a medida de los intereses del entonces candidato a gobernador Sergio Urribarri.
Tan eficaz fue la letra de Castrillón en esa ingeniería electoral diseñada para evitar la interna el PJ, que produjo para las elecciones provinciales de marzo de 2007 la primera gran fractura del peronismo, con la Lista 100 de la fórmula Julio Solanas-Enrique Cresto compitiendo por afuera del PJ. Con justicia, la norma, que con algunas modificaciones menores sigue vigente hasta nuestros días, se conoce como Ley Castrillón.
Con semejante antecedente y en una provincia de escasa tradición republicana, Castrillón bien puede contarse como parte del ala política del Tribunal Electoral. Aunque en el peronismo dicen que El Quete, como buen animal político que es, entiende las necesidades de la época y por estos días busca, desde el sillón principal de los tribunales provinciales, dar respuesta a los pedidos de la corporación judicial para lograr una reconciliación con una sociedad que le reclama independencia del poder político.
Temor
La “mayoría peronista” que la oposición advierte con preocupación en la autoridad electoral entrerriana no puede alterarse desde la Legislatura. La composición del Tribunal Electoral está en la letra de la Constitución.
Lo que le queda por plantear a la oposición en el debate por el nuevo código electoral es discutir las atribuciones del Tribunal, contenidas en el artículo 10 del proyecto que el 12 de junio comienza a tratar formalmente el Senado, con la consulta a los partidos políticos de la provincia.
Aunque Castrillón no esté hoy en funciones políticas y Urribarri y Ballestena no formen parte de un mismo espacio, en el radicalismo creen que, a la hora de la verdad, el gen peronista se activa con fines de supervivencia. Y no repara en barreras internas ni en roles institucionales.
Mencionan, en este sentido, antecedentes de lo que consideran “manejos políticos sobre la Justicia”, como el que ocurrió en las elecciones de 2011, cuando la Junta Electoral del distrito le negó a la fórmula del Frente Progresista para gobernación, que integraron Atilio Benedetti-Lisandro Viale, el doble pegado de su boleta con los candidatos presidenciales Hermes Binner y Ricardo Alfonsín, a pesar de que la Cámara Nacional Electoral se lo había permitido. La máxima autoridad electoral del país le terminó dando la razón al Frente Progresista… pero lo hizo 48 horas después de las elecciones.
La que impidió que ese fallo se cumpliera fue la Junta Electoral Nacional del distrito Entre Ríos, una instancia inferior. Y sus superiores de la Cámara se limitaron a efectuar un «llamado de atención» a los jueces que la integraron: la presidenta da la Cámara Federal de Paraná, Cintia Gómez; la entonces presidenta del Superior Tribunal, Leonor Pañeda y el juez federal Gustavo Zonis, que en este caso votó en disidencia.
Está claro que, de cualquier modo, el doble pegado no hubiera cambiado la historia de la elección de 2011, que marcó un pico de apoyo al peronismo, con las reelecciones de Cristina Fernández (54%) en la Nación y Sergio Urribarri en la provincia (56%). Pero los radicales denunciaron entonces que “en sucesivos fallos absurdos, la Justicia Electoral entrerriana fue beneficiando al partido oficialista”y plantearon un juicio político a Pañeda por “militar la causa del oficialismo”. A los pocos días, Pañeda fue reelecta en la presidencia del STJ.
