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Preocupación por el intento de suicidio de Zaccaría

Desde Afader y La Solapa plantearon su “preocupación” ante el “presunto intento de suicidio” del médico Juan Antonio Zaccaría, que estaba detenido en la Unidad Penal Número 1 de Paraná acusad

Organismos de derechos humanos manifestaron su “preocupación” tras la internación del médico Juan Antonio Zaccaría, que estaba detenido en la Unidad Penal Número 1 de Paraná acusado por robo de bebés y habría intentado suicidarse. Si bien ratificaron el reclamo de que los represores sean alojados en cárceles comunes, advirtieron la necesidad de “maximizar los esfuerzos para garantizar la custodia” del profesional.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader) y la Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos La Solapa plantearon su “preocupación” ante el “presunto intento de suicidio” de Zaccaría.

Los organismos indicaron que “cuando hace exactamente 20 días el único civil imputado de la causa denominada Hospital Militar fue procesado por supresión de identidad y ocultamiento de menores, porque en su condición de jefe del Servicio de Terapia Intensiva de dicho nosocomio de Paraná habría recibido a los mellizos que Raquel Negro dio a luz allí, entre marzo y abril de 1978, celebramos la decisión de la jueza federal Myriam Galizzi, fundamentalmente por enviarlo a cárcel común, sin privilegios de prisión domiciliaria”.

“Pero hoy, ante lo sucedido, reafirmando aún más lo que los organismos hemos pedido en estos años, que es que los responsables de delitos de lesa humanidad, y en este caso en particular de robo de bebés, vayan a cárceles comunes, queremos manifestar que en esos casos deben maximizarse los esfuerzos para garantizar la custodia de quien puede saber dónde y con quiénes se encuentran los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos desaparecidos, y hermanos de Sebastián Álvarez; amen de investigarse de forma exhaustiva los hechos relacionados con el supuesto intento de suicidio”, se acotó.

Además, Afader y La Solapa recordaron que “a principios de año la lamentable muerte del represor Héctor Febres, bajo custodia de sus camaradas de Prefectura, que era el encargado de comprarles la ropita a los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la ESMA, y que aún se investiga. Y más cercano y llamativo incluso es el suicidio de Paul Alberto Navone, citado en esta causa, cuando fue llamado a prestar declaración indagatoria”.

Finalmente, los organismos remarcaron que “los delitos por los cuales se encuentran procesados el médico paranaense y los represores Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri continúan hoy cometiéndose. En todos los casos, esos chicos hoy adultos no saben quiénes son, quiénes fueron sus padres, su verdadero nombre y que en muchos casos sus hermanos los buscan en cada paso. Ellos saben donde están, con quienes…”.

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