Tres gremios docentes (Agmer, AMET y UDA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formularon un primer planteo judicial contra la Ley de Emergencia.

El Juzgado de Familia N°3, a cargo de María Murga, tiene en tratamiento el recurso que supone un pedido para que se declare inconstitucional la ley y para que se suspenda la aplicación del incremento de aportes a la Caja de Jubilaciones por parte de activos y pasivos previstos en los artículos 4, 5 y 6 de la norma.

En conferencia de prensa, este lunes 27 de julio, la dirigencia de los cuatro sindicatos formuló sus críticas a la norma, fundó el planteo judicial y analizó el contexto político, económico y social de la pandemia.

Al respecto, se apuntó que el presente inédito que se atraviesa es de algún modo “una excusa” para la sanción de la cuestionada ley. Es que, por un lado, se evaluó que casi el 70% de los recursos que el Estado prevé recaudar con la ley son los que surgen de los mayores aportes a activos y pasivos, fondos que tiene por destino la Caja de Jubilaciones, situación ajena al contexto de pandemia.

Por el otro, se analizó la realidad del 85% de los trabajadores no impactados por la ley por cuanto perciben salarios de menos de 75 mil pesos. “Esto es decir que la mayoría de los trabajadores está por debajo de la canasta familiar”, subrayó el titular de ATE, Oscar Muntes, dando cuenta de un contexto que tampoco está asociado directamente a la situación que se atraviesa desde mediados de marzo.

Planteo

Marcelo Pagani, secretario General de Agmer, defendió la presentación judicial realizada por las organizaciones. “Salimos a plantear el cuestionamiento a esta ley porque entendemos que hay una situación difícil pero no es posible que los recursos salgan mayoritariamente de los trabajadores”, criticó el titular del gremio docente que arrancó este lunes con tres días de “desconexión” de los maestros como medida de protesta. Detalló al respecto que el 64% se originan con descuentos a trabajadores y jubilados, mientras que bancos y financieras aportan poco más del 15%, el agronegocio pone 7% y laboratorios y farmacias el 12%.

Pagani remarcó que la ley avanza “sobre el artículo 14 de la Constitución Nacional; el artículo 82 de la Constitución de la provincia y vulnera las leyes 9624 y 9755 que fijan las paritarias con mala fe, violentando los acuerdos alcanzados en ese ámbito”.

Quién paga la crisis

“No creemos que estos sean los ámbitos de debate de la política, sino que deben serlo las mesas de consenso y debates amplios entre los sectores, pero nos han llevado a esta situación” dijo Pagani y recordó que “de buena fe y con muchas expectativas”, los sindicatos se sumaron al “diálogo social” al que invitó el Gobierno provincial el 5 de mayo. “Por eso la sorpresa cuando aparece esta ley”, explicó.

En la misma línea, Muntes, reseñó que la Ley de Emergencia “fue muy sorpresiva para nosotros, en esta realidad que estamos viviendo, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, la situación de pandemia que atraviesa el mundo, y las consecuencias de las políticas neoliberales que nos han llevado a este momento”. Y subrayó: “Nos preocupa el momento y la forma. No hubo debate y no podemos estar en la calle que es nuestro lugar, nuestra herramienta de lucha”.

El dirigente estatal marcó además que tanto en el Estado Nacional como en la provincia de Buenos Aires, comenzaron las negociaciones paritarias y no salió ninguna ley de emergencia, poniendo de relieve la diferencia con la opción del gobernador Bordet, “que eligió el camino más corto, que es seguir ajustando a los trabajadores” para obtener recursos.

“Creemos en el Estado como articulador de la economía y sabemos que debe tener recursos. Estamos lejos de los planteos neoliberales en esta cuestión. Pero esos recursos hay que buscarlos de los sectores concentrados de la economía que aún con pandemia la siguen juntando a pala ancha”, manifestó Pagani.

Respecto de los recursos que el Estado necesita, los referentes sindicales coincidieron en marcar la necesidad de avanzar en una reforma tributaria. “Es un planteo que hemos hecho históricamente”, dijo Pagani. Y consideró: “Hay que ver cómo se resuelve la pospandemia. Si finalmente tenemos un capitalismo más duro, donde es el capital financiero el que lleva adelante los grandes negocios, o si realmente aparece un esquema distinto, que proponga una provincia y un país más justo”.