La Legislatura de la provincia aprobó en noviembre el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una norma que supone la adhesión a algunos aspectos de la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, más conocida como la ley del blanqueo que impulsó el Gobierno de Javier Milei.

La norma fue aprobada por unanimidad en Entre Ríos, y corren ahora los plazos para que se reglamente para su implementación. A grandes rasgos, se prevé que en toda operación comercial se emita un ticket que discrimine el pago de impuestos. No sólo del IVA (tal como lo dispuso la ley nacional) sino también lo que se corresponde con los tributos provinciales, como Ingresos Brutos o Profesiones Liberales.

El espíritu de la norma supone un criterio interesante de transparencia con el consumidor. Se trata de que pueda conocer a ciencia cierta el componente impositivo en cada compra que hace, cada servicio que abona. Permite discernir cuánto de su dinero va al comerciante, al profesional de la salud, al abogado, al contador; y cuánto va al Estado. Siempre que la operación no sea en negro, claro.

La versión entrerriana incluyó, al pasar, una cláusula copiada de la Ley Nacional 27.743 escrita por la gestión de un presidente que dijo venir a destruir el Estado. La cláusula es la que prohíbe anunciar, publicitar, promocionar como “gratuito” un servicio público cuando en realidad, obviamente, se costea con impuestos.

 

Decir público

La cláusula en cuestión, que se replicó sin más en la versiòn entrerriana, pone blanco sobre negro la narrativa de la Casa Rosada. Es una concepción de lo público, un posicionamiento sobre la ciudadanía, una mirada sobre los servicios que presta (derechos que garantiza) el Estado.

¿Qué alcances tendría esa prohibición de decir gratuito? ¿De qué se habla cuando se dice gratuito? Se presume, de antemano, que cualquier cosa gratuita supone un gasto, “con la tuya”, con tu condición de contribuyente.

¿Qué alcances tendría esa prohibición? Tradicionalmente, en la Argentina, en Entre Ríos, en Paraná, se le dijo gratuito a lo público, a lo que es de todos, a lo que no es particularmente mío como contribuyente sino de mis vecinos. Se trata de lo que es público, como la Universidad pública y gratuita, como la escuela pública, el Hospital San Martín o el Balneario Municipal. Se trata de las vacunas, el trámite del DNI, los espacios de capacitación, los festivales gratuitos que cada tanto tenemos la posibilidad de disfrutar, cada uno individualmente, y con los otros.

El artículo 4 de la Ley entrerriana dispone que “las prestaciones o servicios de cualquier tipo a nivel provincial y municipal que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra gratuito”. Deberá aclararse que se trata de un servicio “solventado” por el contribuyente.

La propuesta, impulsada por el gobierno de Milei y replicada en la redacción entrerriana, responde al discurso oficial. “El Estado es una organización criminal. Es peor que la mafia”, dijo Milei cada vez que se le preguntó y, asì, textualmente, en febrero pasado, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

Un individuo que la pone

Sin eufemismos. Para el Gobierno de Milei el Estado es una organización criminal y, en esa inteligencia, corresponde que el contribuyente –ya no el ciudadano con derechos políticos, parte activa de una sociedad– tenga presente cuánto le cuesta, cuánto debe poner de “la suya” para eso que pretenden designar como gratuito. Un individuo que, luego, osa pensar que lo público es suyo, es a su costa, que puede opinar con desparpajo y hasta puede prescindir, si quiere, de sus obligaciones con la vida en común. La Inocencia Fiscal aprobada el viernes va en ese sentido.

Un contribuyente, un individuo, (no un ciudadano, mucho menos un sujeto parte del pueblo), entreteniéndose mirando el ticket, viendo lo que gasta para que el “Estado criminal” funcione. No hay “derecho” a que se le diga gratis a lo que paga “con la suya”. Todo eso que, además, se presume de antemano que funciona mal porque mejor lo administraría el mercado.

Mientras tanto, a pesar de la retórica de la transparencia, son justamente las leyes del mercado las que han llevado a contribuyentes de toda laya y a empresarios de todos los tamaños a evadir los impuestos que ahora se pretenden transparentar en una serie de renglones del nuevo ticket.

El blanqueo está a la orden del día. Sacamos punta al lápiz, pagamos la pizza, la cerveza, y nos sentamos, ticket en mano, a regodearnos en el malestar, a comprobar cuánto de “la nuestra” se nos va en la compleja vida en común.

Fuente: Página Política